El sector público se ha convertido en cliente de grandes empresas, consultorías y sociedades financieras trasnacionales que ofrecen servicios profesionales, gestiones, asesorías para establecer asociaciones público privadas (APP), financiar o bursalitizar deuda gubernamental con bonos, mejorar prácticas gubernamentales, apoyar el desarrollo sustentable de las ciudades, colaboraciones para la prestación de servicios públicos y hasta formular programas y políticas públicas en salud, educación, seguridad pública y para las fuerzas armadas, advierte una investigación publicada por el Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM.

Deloitte, KMPG, PWC, Ernst and Young o el Instituto para las Asociaciones Público Privadas (IP3) son algunas de esas empresas o consultorías mundiales que se han convertido en los nuevos asesores gubernamentales y prestadores de servicios.

Es una industria en creciente y lucrativo negocio, puesta en marcha en todo el mundo a partir de los 90 con la nueva gerencia pública que sobrevino al agotamiento del Estado benefactor, explica Diana Vicher, autora de la investigación y doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM.

Con ese modelo basado en mecanismos de mercado se buscó modernizar o adelgazar al Estado, pero aunque al igual que otras medidas privatizadoras se justificó la contratación de servicios privados para ahorrar los escasos recursos públicos, en realidad ha implicado nuevas erogaciones por tareas que debería realizar el sector público.

La tendencia continúa y la globalización económica ha reducido el margen de actuación de los gobiernos nacionales, que siguen cediendo espacios y actividades al sector privado. A las trasnacionales se les generan oportunidades de negocio tan diferentes y variadas que incluso ven como mercados claves la lucha contra el terrorismo, los fraudes, el crimen organizado, la policía y las prisiones, además de que al contratarlas también se les permite incidir en la toma de decisiones públicas.

La investigación advierte de los efectos que el fenómeno tiene en la distribución del gasto público, así como en la legitimidad de la función del Estado en la protección del interés privado.

Las empresas contratadas no toman la plena responsabilidad de servicios ni tampoco se hacen responsables por los efectos políticos, sociales, normativos y de equidad que van de por medio cuando se transfieren las funciones y esto es muy normal pues el objetivo de las organizaciones lucrativas es la rentabilidad, no que los asuntos públicos se resuelvan o se efectúe la redistribución para promover el desarrollo, advierte.

Además enfatiza que los corporativos atienden la opinión e intereses de actores económicos privados internacionales.

IP3 surge en 1994 y asesora a gobiernos, instituciones financieras y proveedores de servicios públicos en el mercado nacional de infraestructura. Deloitte también aconseja a los gobiernos en la planificación financiera y diseño de proyectos de infraestructura y KPGM orienta en educación, finanzas y tesorería, servicios de seguridad social y defensa, justicia y seguridad con servicios como lucha contra el terrorismo y fraudes, crimen organizado, policía y prisiones.