El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados presentará mañana en la Comisión Permanente un punto de acuerdo para que se solicite a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe en el cual expliquen las causas por las que no han dado pleno cumplimiento a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 51/2014, relativa al caso Tlatlaya.

La propuesta considera que la Sedena y la PGR deben incluir, al menos, los nombres de los funcionarios responsables del incumplimiento, las razones por las cuales no se han fincado responsabilidades a éstos, el plazo para cumplir y las sanciones a las que se hagan acreedores.

En la propuesta, la legisladora Lizbeth Rosas (PRD) planteó que la violencia de los servidores encargados de hacer cumplir la ley persiste como uno de los principales problemas del país, como quedó demostrado en la desaparición de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y en las presuntas ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya.

Sostuvo que en Iguala quedó evidenciado el uso desmedido de órganos de seguridad pública de carácter estatal y municipal, que ha generado problemas de carácter nacional e internacional.

Mientras que en Tlatlaya, expuso, se ha constatado el abuso de las fuerzas armadas en la indebida aplicación de la ley.

Sin embargo, indicó, no se trata de casos aislados y existe una larga lista de violencia y uso inadecuado de la fuerza en contra de los ciudadanos que se manifiestan cotidianamente ante la insatisfacción de sus demandas.

La petición incluye un punto para que la Comisión Permanente solicite al gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, para que también informe al Congreso, en un plazo máximo de diez días a partir de que se apruebe el exhorto, las causas por las que su administración tampoco ha cumplido con aquella recomendación del ombudsman.

Al igual que para la Sedena y la PGR, se plantea que el gobierno mexiquense detalle los nombres de los funcionarios y sus probables responsabilidades, pero además se exigen las razones por las que aún no inicia el proceso de indemnización, la atención médica y sicológica a las víctimas.