Es urgente que el Estado mexicano replantee el curso actual de las investigaciones del caso Tlatlaya para enmendar lo realizado hasta el momento y efectuar una investigación seria, dirigida a conocer la totalidad de los responsables de los hechos, incluyendo la eventual participación de los altos mandos militares que emitieron la orden de abatir a delincuentes en horas de oscuridad, señaló el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

El Estado mexicano no ha cumplido con su deber de investigar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Tlatlaya el 30 de junio de 2014, aseguró la organización no gubernamental.

Además, el Cejil hizo un llamado especial al gobierno mexicano no sólo para que se respeten los derechos de las víctimas sobrevivientes, se les proteja y participen en todas las etapas de la investigación, sino también en favor de la protección a defensores y defensoras de los derechos humanos que acompañan el caso, escuchando sus recomendaciones para rencauzar este proceso en el menor plazo posible.

En un pronunciamiento fechado en San José, Costa Rica, donde se encuentra una de sus sedes en la región, el Cejil se refirió al reciente informe del Centro Pro de Derechos Humanos, en el que se hizo pública una orden de la cadena de mando militar dirigida al batallón 102 de infantería que participó en los hechos, en la cual se señala que el objetivo era abatir delincuentes en horas de oscuridad en sus operaciones de vigilancia en Tlatlaya, municipio del estado de México que colinda con el de Guerrero.

El Cejil expresa una serie de preocupaciones por las irregularidades cometidas en torno a la investigación. La primera, que se haya abierto una investigación en la jurisdicción militar paralela a la que se lleva en la sede penal ordinaria, ello pese a la reforma al fuero militar que excluyó el uso de la jurisdicción militar en casos en que las víctimas sean civiles, como es el de referencia.

Operaciones de noche

Otra de ellas es que la Procuraduría General de la República (PGR) sólo haya procesado a siete militares por la muerte de ocho civiles, obviando así la prueba que indica que más personas habrían sido ejecutadas. La recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que fueron ejecutadas entre 12 y 15 personas, de las 22 que perdieron la vida.

Pero más grave aún, dice el Cejil, es la existencia del documento militar denominado Orden general de operaciones de la base San Antonio del Rosario, en el que expresamente se ordena que las tropas deberán operar en la noche y en el día reducir la actividad, a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad.

Desde su perspectiva, que coincide con la expresada por los organismos de derechos humanos, esta disposición claramente significa una orden de privar arbitrariamente de la vida a las personas que el Ejército considere delincuentes.

Y aunque en el mismo documento en otros párrafos señala que se deben respetar los derechos humanos, la contundencia del primer párrafo citado genera al menos una confusión que en contextos de lucha contra el crimen organizado, como el mexicano, favorece la arbitrariedad y el abuso de poder, dijo el centro, que tiene como misión contribuir al goce de los derechos humanos en las naciones miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).