Hermosillo, Son.

Sobre la elección de gobernador en Sonora pesa un cúmulo de conflictos sociales –sin resolver desde hace seis años– que se prevé incidirán mañana en el ánimo de los votantes.

El recuento se inicia con el incendio de la guardería ABC, donde fallecieron 49 niños y 70 más resultaron heridos, con secuelas graves a raíz de la conflagración. Los padres de familia afectados reclaman un castigo para quienes consideran los principales responsables de aquel incendio, que tuvo su origen en una bodega donde el gobierno del entonces mandatario estatal, Eduardo Bours, resguardaba documentación económica y financiera. El fuego afectó de inmediato el ala norte del bodegón donde se encontraban los niños, ocasionando la muerte a casi medio centenar.

Sobre esta tragedia, con los años, se ha señalado la responsabilidad de los gobiernos estatal y federal, de las autoridades locales, así como particulares relacionados con la élite política local.

Un segundo conflicto social concierne al desastre ecológico en el río Sonora, que potencializó una crisis humana que afectó la salud y las actividades productivas en perjuicio de 23 mil personas en siete municipios que bordean el afluente.

A raíz del derrame de tóxicos se pusieron en evidencia omisiones de la autoridad y de Grupo México, empresa responsable del accidente, que no han respondido a cabalidad al reclamo social, ni han cumplido con los compromisos hechos ante los afectados.

El fideicomiso, que comprometió inicialmente a Grupo México con una aportación de 2 mil millones de pesos, escasamente se ha utilizado en beneficio de las 23 mil familias.

Tampoco se ha iniciado la construcción de la clínica de especialidades, que se encargaría de atender a los habitantes afectados, que a la fecha suman más de 300.

A partir de 2010, el gobierno de Sonora generó un conflicto social de consecuencias aún impredecibles, al extraer agua potable del río Yaqui para trasladarla a la zona metropolitana de Hermosillo, a una distancia de 120 kilómetros.

Desde su inicio, el proyecto fue rechazado por la tribu yaqui, que argumentó la agudización de la pobreza y el desempleo, y en consecuencia la marginación en la zona oriente del estado.

La movilización de los yaquis –que bloquearon la principal carretera que comunica de sur a norte la entidad– tuvo como respuesta del actual gobierno el procesamiento del líder Mario Luna y la persecución de otro, Tomás Rojo, acusados del robo de un vehículo y el secuestro de un miembro de su etnia durante el cierre de una vía.

Ambos dirigentes yaquis han sostenido reiteradamente que la persona que se dijo secuestrada, se encontraba alcoholizada durante el bloqueo carretero y por tal razón la amarraron, en atención a sus usos y costumbres.

Apenas el jueves pasado, en la región de Caborca y San Luis Río Colorado, en el desierto de Altar, un grupo de 90 indocumentados centroamericanos, así fueron identificados por las autoridades de Sonora, fue tiroteado por un comando de la delincuencia organizada, por lo que se dispersaron en la zona más árida de la entidad.

En el ataque murieron tres personas, alrededor de 15 fueron rescatadas por las autoridades de México y Estados Unidos, y el resto, más de 70 hasta el reporte más reciente, se encontraban desaparecidas.

Así, los electores de Sonora acudirán a las urnas sin haber obtenido respuesta a problemas tan puntuales y trágicos como los mencionados.

Para hoy se espera que la temperatura, después del mediodía, se eleve hasta 50 grados centígrados de sensación térmica en algunas zonas del estado.