ebasado, comprometido con las trasnacionales y con el índice de aprobación por los suelos (21 por ciento), el presidente peruano Ollanta Humala ha tenido a bien lavarse las manos, declarar el estado de excepción en la provincia de Islay –en el sur del país– y cederle formalmente el mando al consorcio Southern Copper, filial del Grupo México, de Germán Larrea (el de Pasta de Conchos), para que sea éste –con los militares a su disposición– el que solucione el conflicto generado en aquella región del país andino por el proyecto minero Tía María, el cual, a la fecha, ha dejado cuatro muertos, el envío de miles de militares y policías, y la descomposición social en la región.

Con tal acción Humala refrenda que las campañas electorales –allá, aquí y acullá– sirven para dos cosas: obtener votos mediante promesas siempre incumplidas y, una vez obtenido el puesto, proceder socialmente en riguroso sentido contrario a lo en ellas comprometido y favorecer al gran capital. Y como muestra, un botón.

En uno de sus cierres electorales (7 de abril de 2011), precisamente en Islay, el entonces candidato Ollanta Humala aseguró que si salgo electo a la Presidencia de la República no será por Tía María (Grupo México); no va a ser por los dueños de Tía María (Germán Larrea), sino por los electores de la zona territorial donde se encuentra el proyecto minero, y se pronunció abiertamente en contra (el gobierno y los políticos tradicionales) de quienes creen que la riqueza le pertenece a un puñado de multinacionales, que le pertenece a unas cuantas empresas y no le pertenece al pueblo peruano.

Por ello, decía, “nosotros vamos a reducir los conflictos sociales, vamos a derrotar los conflictos sociales a través del diálogo, y haremos valer la licencia social. Las inversiones mineras tendrán la obligación de dialogar con la población… Vamos a restablecer la paz social en Perú”. Ya con la Presidencia en el bolsillo, Humala no ha hecho otra cosa que favorecer a las trasnacionales de las que renegaba en campaña electoral, y en especial al proyecto Tía María del Grupo México. Cómo estará la cosa, que en la prensa peruana sintetizan el sentimiento social de esta manera: el gobierno sigue actuando como vocero desvergonzado de la empresa (la de Larrea); los pobladores lo saben y por eso desconfían de cualquier cosa que diga u ofrezca Ollanta Humala, algo que, por lo demás, se observa en buena parte de América Latina.

¿Cómo redujo los conflictos sociales e hizo valer la licencia social? Entre lo más reciente, declaró estado de excepción la provincia de Islay y envió más militares para frenar las protestas que desde hace dos meses se realizan contra el proyecto cuprífero Tía María, propiedad de Grupo México. Reiteró que no será suspendido y rechazo la presencia de grupos extremistas, que no son otros que los pobladores de la zona, es decir, los que votaron a favor de Ollanta Humala con los que éste se comprometió a no favorecer a las trasnacionales.

“El estado de emergencia en la región de Arequipa entró en vigencia el sábado, durará 60 días y se produce en momentos en que se prevé un nuevo paro regional en la zona de protesta, lo que, según analistas, puede agravar la situación. Tras declararse el estado de emergencia en Islay, las fuerzas armadas tomarán el control del orden público en la zona. El régimen de excepción regirá hasta el 23 de julio. Otorga plenos poderes a las fuerzas armadas y policiales para detener a cualquier persona sospechosa de actos violentos en las protestas contra el proyecto minero Tía María, de Southern Perú, filial de la mexicana Southern Copper (Grupo México), en la región de Arequipa. ‘Quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio’, señala el decreto publicado en la gaceta oficial. El periodo del estado de excepción anunciado por el gobierno coincide con la ‘pausa’ por 60 días que dio a conocer Grupo México, para ‘despejar todas las dudas existentes’” (La Jornada).

De acuerdo con la más reciente encuesta publicada por el periódico peruano El Comercio, la aprobación del presidente Ollanta Humala sufrió una nueva caída. El respaldo descendió seis puntos porcentuales de abril a mayo: pasó de 27 a 21 por ciento, en un mes marcado por la muerte de dos civiles y un policía en las violentas protestas en Islay (Arequipa) contra el proyecto minero Tía María. Así, las protestas contra Tía María han puesto en crisis general al Estado, porque se ha fracasado en todas las líneas, desde los ministros, autoridades regionales y locales, el Poder Judicial, la fiscalía y la Policía Nacional, la sensación es que nada funciona. ¿Quién está a la cabeza del Estado? Pues, el presidente Humala, y la opinión pública lo identifica como el principal responsable, publica el rotativo.

Desde 2005 Grupo México y su filial peruana intentaron infructuosamente obtener la aprobación del proyecto Tía María, pero con la llegada de Humala (quien en campaña electoral se pronunció totalmente en contra) a la Presidencia de aquel país, mágicamente Southern Copper fue autorizado para arrancar la explotación y así producir 220 mil toneladas anuales de cobre y 3 mil 100 toneladas de molibdeno en las 33 mil hectáreas concesionadas. Pero se le olvidó el pequeño detalle social.

Pendiente está, y por lo visto así se mantendrá, que el barón Larrea atienda las exigencias de la ministra de Energía y Minas de Perú, Rosa Ortiz, quien decidió suspender conversaciones con la minera Southern Copper sobre el proyecto de cobre Tía María, mientras no aclare su responsabilidad en relación con denuncias de un presunto hecho delictivo, uno de tantos, como el más reciente en España (mina de Aznalcóllar), que momentáneamente ha sido opacado por las elecciones en aquella nación, algo que no le quita las acusaciones por presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación, el cual se hizo sin el más mínimo rigor.

¿Cuántos muertos más para que el barón amplíe sus caudales?

Las rebanadas del pastel

Dice el gobierno federal que colaborará con las comisiones nacional y estatal de los Derechos Humanos para esclarecer la matanza de Tanhuato, Michoacán. Ajá, pero si la colaboración es igual a la ofrecida en los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, pues mejor que se abstenga.

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