A tres meses del desplazamiento forzado de los pobladores de la comunidad Primero de Agosto, en el municipio de Las Margaritas, Chiapas, el gobierno del estado no ha aportado una solución duradera a la problemática originada por la posesión de tierras, acusaron diversas organizaciones de derechos humanos.

En un informe realizado por la Misión Civil de Observación, integrada por La Red por la Paz, y las organizaciones Casa de La Mujer Ixim Antsetic y Desarrollo Comunitario Chiapaneco, se reflejan las graves condiciones en las que viven las familias desplazadas desde el 23 de febrero de 2015, cuando un grupo armado de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos–Histórica (Cioac-H) las obligó a dejar casas, pertenencias y tierras trabajadas.

El reporte plantea la necesaria presencia de autoridades ministeriales en el lugar de los hechos, no sólo para avanzar en las diligencias y sancionar a los responsables, sino también para evitar actos que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas que fueron desplazadas.

El desplazamiento forzado se da en un contexto de amenazas y agresiones en mayo y diciembre del año pasado por parte de la Cioac-H, del Ejido Miguel Hidalgo, lugar donde vivieron desde su constitución en 1999 y hasta 2013, y ante la negativa de acceso a tierra y reconocimiento de sus derechos como hijos de ejidatarios, decidieron salir de esos terrenos hacia lugares desocupadas y formar el poblado Primero de Agosto, de donde fueron nuevamente desalojadas.

Hasta ahora, según los testimonios recogidos, los hechos de agresiones físicas y amenazas verbales no han sido investigados y por tanto no hay personas que hayan sido sancionadas, no obstante los avisos previos a las agresiones hechas a las autoridades competentes.

La misión civil de observación califica la situación en la que viven los 56 desplazados, principalmente mujeres y niños, de crítica, ya que no ha sido atendido pese a que existe una legislación estatal en la materia, “quedando en letra muerta y en un discurso progresista que toma como base los principios rectores de los desplazados internos de Naciones Unidas, pero que no se concreta en los hechos.

Concluye que la omisión del gobierno de atender de forma integral el desplazamiento y sus causas, viola los derechos humanos más básicos como la integridad y seguridad personal, el acceso a la justicia, a las garantías y protección judicial, así como el derecho al agua, a la salud, a la educación y a la vivienda, así como el de acceder a una vida libre de violencia.