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Amenazan con manifestaciones si el GDF legaliza el servicio

Se suman 120 grupos de taxistas a las protestas contra Uber y Cabify
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Los choferes protestaron el pasado 22 de abril frente al inmueble de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en demanda de que se haga cumplir la Ley de MovilidadFoto Cristina Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Martes 12 de mayo de 2015, p. 28

A la inconformidad de la Organización de Taxistas Unidos de la Ciudad de México por la operación de las empresas Uber y Cabify, las cuales ofrecen el servicio sin concesión, se sumaron ayer 120 grupos de conductores de transporte público individual, que se manifestaron contra la regulación de esas compañías.

El representante de esa red de organizaciones denominada Taxis y Líderes, Roberto Ramírez, señaló que hará un frente común con Taxistas Unidos.

Subrayó que de insistir el gobierno en legalizar esas empresas, como señaló el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, el fin de semana, saldrán a manifestarse en las calles.

Explicó que se oponen a la regularización de ese servicio porque hay sobreoferta, con más de 140 mil unidades en las calles, además de que al no estar concesionados no realizan ningún pago, mientras ellos, para mantener regulares sus unidades, tienen que erogar alrededor de 25 mil pesos anuales en trámites, como revista, verificación y tarjetón.

Aunado a ello, agregó, alrededor de 25 mil taxistas tienen que dejar de trabajar los sábados por el programa Hoy no Circula, mientras las unidades de Uber y Cabify pueden dar servicio todos los días, porque trabajan con automóviles nuevos.

Añadió que la legalización de ese servicio, el cual se contrata por medio de aplicaciones para teléfonos móviles y para el que se utilizan vehículos con placas particulares y sin cromática, significaría una reducción de los ingresos de los taxistas regulares. Además, comentó, representan una competencia desleal y están fuera de la ley.

En ese sentido, Roberto Ramírez hizo un llamado al Gobierno del Distrito Federal para que a dichas empresas, así como los taxistas piratas, se les aplique lo estipulado en la nueva Ley de Movilidad local, que en su artículo 258 determina que prestar el servicio de taxi sin tener la concesión correspondiente se debe castigar con prisión y el envío del vehículo al corralón.