Ante la inminente entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio, el magistrado de la segunda sala penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de México Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, advierte que la implementación de éste no será rápida, ya que ni abogados ni agentes del Ministerio Público ni jueces están en condiciones de ponerlo en práctica por la falta de capacitación y porque no se han impulsado medios alternativos de solución de controversias que eviten la saturación de los tribunales.

Plantea la necesidad de establecer la colegiación de los abogados litigantes, que los agentes del Ministerio Público sean capacitados y se implemente una real carrera profesional para mejorar su desempeño, además de que los jueces sean legitimados para que gocen de plena autonomía e independencia, pero bajo un estricto escrutinio de sus bienes y de su entorno social.

‘‘Se puede traer el mejor sistema jurídico del mundo, pero si no están capacitados los operadores y en sintonía con lo que se busca, el sistema falla’’, enfatiza.

Lamenta que la procuración de justicia tampoco esté preparada. En la mayoría de los casos, señala, las procuradurías no investigan o sus indagatorias son muy pobres por la falta de recursos. No hay peritos, material ni capacitación suficientes. La investigación ‘‘es pobre, defectuosa, inservible’’ y muchas veces hay que absolver al responsable.

En entrevista con La Jornada, el también director de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac sostiene que ‘‘si las procuradurías no tienen elementos para actuar no pueden entregar cuentas a la sociedad de una procuración de justicia digna. Tenemos que atender la capacitación técnica y profesional de los peritos en materia penal; la criminalística es totalmente deficiente, no hay suficientes laboratorios ni reactivos para identificar cadáveres, ni para pruebas de ADN en casos de violación, secuestro, homicidios, que son agresivos para la sociedad’’.

Para atender esa problemática se necesitan recursos, mismos que no hay, porque para el Congreso ‘‘no es glamoroso’’ destinar recursos a la impartición y procuración de justicia. Cuestiona también la existencia de la ‘‘prisión preventiva oficiosa’’, la cual establece que todo aquel acusado de delitos graves debe ir a prisión. Únicamente debe quedar la ‘‘prisión justificada’’, la cual debe ser decidida exclusivamente por el juez de la causa. ‘‘Si no se tienen jueces legitimados con independencia, probidad profesional y ejemplo personal de vida y éticos, estamos mal. A los jueces denles atribuciones y exíjanles responsabilidad’’.

Plantea que para revertir la situación se deben fortalecer los medios alternativos de solución de controversias, porque ‘‘al llegar al tribunal, alguien va a ganar y alguien va a perder, pero nadie va a quedar conforme’’.

En cambio, con la mediación asociativa (ya se han puesto en marcha en tribunales del estado de México y del Distrito Federal) hay un principio de conformidad con la resolución, porque es resultado de las propias propuestas de las partes; segundo, la gente se siente escuchada y eso es precisamente lo que demanda la población, que el sistema penal la escuche y atienda.

‘‘Los procesos judiciales son regularmente muy tardados y de esta manera pueden resolver sus asuntos de manera rápida’’; además, se descongestiona el Poder Judicial.