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Se le acusa de lavar $13 millones

Dictan nuevo auto de formal prisión a esposa del ex edil de Iguala
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Existen pruebas suficientes para imputar responsabilidad a Pineda Villa por delincuencia organizada, señaló un juzgado con sede en TolucaFoto PGR
 
Periódico La Jornada
Sábado 2 de mayo de 2015, p. 17

Un juzgado federal con sede en el estado de México volvió a dictar auto de formal prisión a María de los Ángeles Pineda Villa por presuntamente haber formado parte de la organización criminal Guerreros Unidos y por presunto lavado de al menos 13 millones de pesos.

El juzgado tercero de distrito en procesos penales federales de Toluca determinó iniciar el proceso a la esposa de José Luis Abarca, ex edil de Iguala, Guerrero, por delincuencia organizada en la modalidad de delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En una tarjeta informativa difundida por el Consejo de la Judicatura Federal, el juzgado indicó que este día, a las 14:59 horas, esta autoridad jurisdiccional resolvió la situación jurídica de Pineda Villa, a quien se le decretó de nueva cuenta auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada, ya que las pruebas existentes en la causa penal de origen resultaron suficientes para demostrar el cuerpo del delito y su probable responsabilidad.

El pasado 27 de abril, un tribunal federal, también del estado de México, ordenó reponer el proceso iniciado a María de los Ángeles Pineda Villa por lavar al menos 13 millones de pesos para los hermanos Beltrán Leyva y la organización Guerreros Unidos.

Según fuentes judiciales, en aquella ocasión el sexto tribunal unitario penal de Toluca otorgó un amparo en favor de la esposa del ex alcalde de Iguala, al estimar que la formal prisión que le dictaron tenía deficiencias de motivación y fundamentación jurídica.

En el amparo 15/2015 se instruye al quinto tribunal unitario penal de Toluca a volver a revisar el expediente y, con libertad de jurisdicción, determinar de nueva cuenta si Pineda Villa debe estar sujeta bajo juicio.

Según fuentes judiciales, la reposición del proceso ha sido ordenada porque el tribunal señaló que la mujer no tuvo oportunidad de presentar pruebas de descargo antes de que un juez determinara dictarle la formal prisión.

Ahora, una vez que el juzgado que la procesa analizó las pruebas, determinó que no son suficientes para desacreditar las imputaciones que la PGR hizo en su contra.