En su último día de sesiones la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, para conceder a los agentes del Ministerio Público federales y estatales la atribución de requerir, sin orden judicial, información sobre la localización geográfica de equipos móviles y datos personales de un usuario a las empresas de telefonía, cuando se trate de una investigación sobre secuestro.

Esta reforma se agrega a la aprobada el año pasado en materia de telecomunicaciones, que obliga a las compañías telefónicas a guardar información personal, llamadas, mensajes de texto y multimedia de todos sus usuarios, acciones que en conjunto, estimaron diputados de Morena y del Partido del Trabajo (PT), tienen la intención de espiar a los ciudadanos y no de combatir el delito.

La diputada Lilia Aguilar Gil refirió que mientras en Estados Unidos avanza una iniciativa del presidente Barack Obama para que se dejen de almacenar los registros telefónicos de sus ciudadanos, en esta Cámara venimos a congratularnos del fortalecimiento de un Estado autoritario.

También desde la tribuna el coordinador de Morena, Alfonso Durazo Montaño, dijo que si bien la reforma parece sana, se da libertad a los agentes del Ministerio Público para conocer la localización geográfica de cualquier persona.

¿Qué significa esta iniciativa? Que con los niveles de corrupción que hay en el país y en la procuración de justicia dejaremos en manos de una sarta de pillos la geolocalización, dijo.

Mientras Durazo hablaba, los diputados de Morena llevaron a la tribuna una manta en la que se leía: Alto a la compra del voto y de la violencia del PRI y PRD, en referencia a la agresión que, según denunció Gerardo Villanueva Albarrán, sufrieron sus colaboradores por golpeadores del delegado con licencia en Coyoacán, Mauricio Toledo, y su padre, Nelson Toledo, supuesto exiliado chileno, quien, se dice, fue miembro del círculo cercano de Salvador Allende.