La minuta de la Ley de Ahorro y Crédito Popular aprobada por la Cámara de Diputados es un golpe para cerca de 7 millones de usuarios de estos servicios, que se verán excluidos del financiamiento social y obligados a utilizar esquemas de préstamo clientelares, por lo que urge que el Senado detenga y corrija esta iniciativa y la envíe a comisiones unidas para un mejor análisis.

Representantes de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (Concamex), de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (Amucss) y de la Central Campesina Cardenista indicaron en conferencia de prensa que esta ley castiga a todas las cajas de ahorro por igual, como si todas fueran Ficrea, lo que es injusto, ya que en el sector la gran mayoría de estas organizaciones sirven de gran apoyo para los ciudadanos y no malversan sus recursos.

No es posible que los diputados legislen bajo la creencia de que todas las uniones y cooperativas de préstamo y ahorro popular, defraudan; la gran mayoría son honestas y no actúan como Ficrea, porque la misma base de usuarios son las que las manejan, planteó Ramón Imperial, presidente de la Concamex. Por ello, de aprobarse esta nueva ley se van a tomar acciones jurídicas para defender a los usuarios.

Consideró necesario que los senadores corrijan la minuta aprobada por los diputados, ya que no se consultó con los involucrados, y los legisladores desconocen el tema. Se deben eliminar o cambiar los artículos 3 y 4 o suspender su aprobación hasta que haya sido suficientemente analizada y se tome en cuenta la opinión de quienes manejan y forman parte de estas cajas, planteó Isabel Cruz, de la Amucss.

La ASF no tiene atribuciones

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó a la Cámara de Diputados que carece de atribuciones para fincar responsabilidades a la CNBV y a la Condusef sobre el caso Ficrea, porque las irregularidades detectadas no derivan del ejercicio de sus facultades de fiscalización.

El órgano revisor dio a conocer que su actuación se limita a fiscalizar la cuenta pública, es decir el uso y destino de los recursos públicos federales. En el caso de los fondos de ahorro para trabajadores que depositaron o invirtieron en Ficrea, al no ser recursos públicos federales la ASF carece de facultades para conocer o revisar dichos recursos y su manejo.