El 98 por ciento de los delitos sexuales que ocurren en el país no son denunciados. De unos 15 mil abusos reportados a la autoridad, al menos 60 por ciento son cometidos contra menores de edad, advirtieron académicas y funcionarias.

El bajo porcentaje de denuncia se explica porque la mayoría de casos ocurren en el entorno familiar, de ahí que los familiares encubran o los niños no lo dicen por temor.

En 2014, las querellas por violación fueron 12 mil 638 (a nivel nacional), más mil 964 clasificados como estupro por agentes del Ministerio Público de procuradurías estatales, y 18 mil de otros delitos sexuales.

En los primeros dos meses de 2015, último corte estadístico oficial, la tendencia continuó. En este primer bimestre, se reportaron mil 783 abusos, 267 por presunto estupro y 2 mil 285 por otros delitos.

Durante el Foro nacional sobre políticas públicas con enfoque de derechos humanos para la atención del abuso infantil, realizado en la Secretaría de Gobernación (SG), Elena Azaola, antropóloga y sicoanalista, dijo que algunos suicidios de menores ocurren por una agresión sexual.

¿Qué sabemos sobre el abuso sexual infantil?

Con ese planteamiento inició la doctora Azaola su exposición. Explica que hay cuatro clasificaciones de maltrato infantil: físico, sicológico o emocional, sexual y negligencia.

En el primero, predomina la coerción y la asimetría de edad. Por tanto, hay múltiples factores de riesgo y consecuencias, relacionadas con estrés postraumático como la depresión, ansiedad y angustia.

Ana María Suárez Valencia, directora del comité especializado de violencia sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, habló ante colegas –de instancias públicas, privadas y de la sociedad civil– de la necesidad de buscar a ese 98 por ciento de casos no denunciados.

Analizaron también los avances y retos en torno a la Ley General de Derechos de niños, niñas y adolescentes.

En el caso específico de la CEAV tiene tres funciones esenciales: construcción del registro nacional de víctimas; asesoría jurídica federal y el fondo de ayuda (dinero para resarcir el daño y un mecanismo para reparar el mismo), en un contexto de garantías que el Estado la obligación de dar.

Después de dos días de trabajos en este foro nacional, organizado por la SG, se emitió una lista de conclusiones y el objetivo de elaborar un diagnóstico de la problemática, así como nuevas políticas públicas, con base en algunos de los siguientes parámetros:

Faltan políticas públicas para atender de manera integral la problemática y, aquellos que denuncian se enfrentan con la pared burocrática e insensible en la procuración de justicia.

No es un fenómeno nuevo; durante años ha permanecido oculto y es necesario visibilizarlo.

La cifra negra y la invisibilidad impiden contar con datos precisos, datos y estadísticas.

Además, es necesario velar por el interés superior de la infancia y promover sus derechos. Creer siempre en lo que nos digan los niños.

También generar mecanismos de detección del abuso, así como de sanción, erradicación y reparación del daño. Brindar atención integral a la víctima, en especial en centros hospitalarios.

Cuando en la familia hay una dinámica sana, libre de violencia, se enseña a expresar los sentimientos y hablar de temas sexuales, se pueden prevenir estas tragedias.