Los coordinadores parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) en las dos cámaras del Congreso se reunirán este martes para tratar de llegar a un acuerdo sobre los temas que aún pueden resolverse en las nueve sesiones ordinarias que restan al actual periodo.

En la Cámara de Diputados, los legisladores explicaron que entre los temas a abordar en la reunión está el diferendo por cuál de las dos cámaras puede legislar en materia de robo de hidrocarburos.

Al respecto, la Junta de Coordinación Política espera recibir a más tardar hoy la opinión del jurídico de la cámara para determinar si es viable aceptar la minuta del Senado con una ley general en la materia o bien si éste debe sacar de la congeladora la minuta que tiene con una ley similar.

Los diputados consideran que aún es posible aprobar la minuta con la ley de transparencia, a partir de la sesión que tendrá la Comisión de Gobernación la próxima semana, cuando ésta prevé aprobar el dictamen respectivo.

El vocero del PRI, Héctor Gutiérrez, dijo que para el tricolor constituye una prioridad aprobar esa ley y confirmo que este miércoles la Comisión de Gobernación se reunirá con los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, para ver si la minuta se aprueba en sus términos, como desea su partido.

Otro de los pendientes de la cámara es aprobar una ley de desaparición forzada, pero los partidos consideran que en el cierre del periodo seria complicado aprobar una reforma a la Constitución para incluir entre sus facultades la de legislar en la materia.

Por ello, refirió la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) la Comisión de Justicia revisa si es viable aprobar el dictamen respectivo, a partir de una decena de iniciativas, sin necesidad de la enmienda constitucional.

En el caso de Acción Nacional, su coordinador, Ricardo Anaya, mencionó que todavía es posible aprobar, además del sistema anticorrupción y la ley de transparencia, eliminar el fuero de funcionarios y legisladores, así como la ley de obra pública, que tienen el mismo objetivo de combatir la corrupción.