Hermosillo, Son.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso a la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, multas por 22 millones 959 mil 386 pesos por las 56 irregularidades en que incurrió y que provocaron el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado y metales pesados en el río Sonora y su afluente, el Bacanuchi, el pasado 6 de agosto.

En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Guillermo Haro Belchez, dijo que es la multa más alta que se ha aplicado. Agregó que la minera, con sede en el municipio de Cananea, deberá resarcir los daños causados a más de 22 mil habitantes en siete municipios.

El funcionario detalló que las sanciones notificadas a la empresa, derivadas de cuatro procedimientos, son:

Multa de siete millones de pesos por el derrame de una solución de sulfato de cobre acidulado.

Cuatro millones 65 mil 800 pesos por nueve anomalías que causaron daños a la atmósfera; 596 mil 551 pesos por siete irregularidades relacionadas con mal manejo de residuos peligrosos, 11 millones 297 mil 35 pesos por 36 anomalías en materia de impacto ambiental.

Haro Belchez explicó que en los cuatro procedimientos determinaron que se cometieron 55 irregularidades.

Aseguró que luego del derrame de tóxicos se hizo una inspección a la filial de Grupo México, que encabeza Germán Larrea Mota Velasco, y se detectaron diversas anomalías que, según la dependencia, ya fueron corregidas.

El titular de la Profepa indicó que una vez pagadas las multas (a más tardar en 15 días) se reanudará la operación en diversas áreas de la segunda productora más grande de cobre en el mundo, pero la Profepa seguirá supervisando las medidas correctivas para evitar nuevas contingencias y problemas ambientales en la zona.

Asimismo, la dependencia supervisará la remoción de residuos tóxicos del lecho del río y de los suelos contaminados.

Recordó que, además de la aplicación de multas, se creó el Fideicomiso Río Sonora, con un monto inicial de 2 mil millones de pesos, para pagar los daños generados por el derrame, que contaminó 17.6 kilómetros del arroyo Tinajas, 190 kilómetros del río Sonora y 64 kilómetros del Bacanuchi.

Cientos de comerciantes, agricultores y ganaderos han visto afectadas sus actividades a causa de la contingencia y aún ven lejano que se normalicen.

Funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) han inspeccionado las zonas dañadas. La Cofepris reportó que, junto con otras instituciones de salud, de septiembre a diciembre de 2014 visitó más de 2 mil 500 domicilios.

Precisó que se hizo un censo de 10 mil 875 personas, 270 de las cuales 270 reportaron afectaciones de salud, en 31 comunidades de Arizpe, Huepac, Banamichi, San Felipe de Jesús, Baviácora, Aconchi y Cananea, aledañas a los ríos Sonora y Bacanuchi.

La Cofepris destacó que la vigilancia sanitaria se mantendrá por 10 años.

Adelantó que a partir de julio próximo se instalará en el municipio de Ures –uno de los más perjudicados– una unidad de vigilancia epidemiológica-ambiental, la primera de su tipo en el país. Contará con dermatólogos, pediatras, médicos generales, cardiólogos y gastroenterólogos, entre otros especialistas.