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Uno de los 3 agresores recibe libertad condicional por entregar a la PGJE confesión firmada

Edil de Silao pagó $500 mil para golpear a reportera, confirman
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 25 de enero de 2015, p. 27

Silao, Gto.

El alcalde de Silao, el priísta Enrique Benjamín Solís Arzola, pagó 500 mil pesos a quienes golpearon y amenazaron el pasado 4 de septiembre a la reportera Karla Janeth Silva Guerrero, en las instalaciones de El Heraldo, según confesó Luis Gerardo Hernández Valdenegro, uno de los tres agresores materiales.

Pido una disculpa a las aquí presentes, las señoritas (Karla Silva y la asistente Adriana Palacios). Es todo, externó Hernández Valdenegro durante el juicio abreviado, donde fue sentenciado a dos años y cinco meses de prisión, los cuales purgará en libertad.

En su confesión firmada, Hernández Valdenegro narró que el alcalde entregó 500 mil pesos al director de policía, Nicasio Aguirre Guerrero (quien está prófugo), para mandar golpear a la periodista. El mando, junto con el subdirector operativo de la corporación, Jorge Fonseca Durán, planeó el ataque y pagó 15 mil pesos a cada uno de los tres que golpearon a la periodista por criticar al gobierno de Solís Arzola.

Se conoció en su momento que Hernández Valdenegro amagó con una navaja a la secretaria Adriana Palacios, mientras José Samuel Ornelas Martínez golpeaba a Karla Silva y Joaquín Osvaldo Valero Garnica cerraba la puerta de la oficina del periódico. Fonseca Durán llevó y recogió a los agresores. Los tres siguen presos en el penal de Irapuato.

La familia de Hernández Valdenegro anunció que solicitará protección a la Procuraduría de Justicia porque temen que el edil tome represalias. No vamos a andar confiados, externó María Loreto Hernández Valdenegro.

En la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local se analiza la iniciativa de Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Los comunicadores que participan en los análisis solicitaron separar de los cargos a funcionarios que agredan a reporteros hasta que las autoridades ministeriales, administrativas y de derechos humanos deslinden responsabilidades.