Pese a la evidencia de que el profesor indígena Damián Gallardo Martínez fue víctima de detención arbitraria y tortura para obligarlo a incriminarse por el delito de secuestro, las autoridades mexicanas se niegan a admitir sus fallos y ponerlo en libertad, señalaron familiares y abogados del docente.

En conferencia de prensa, activistas de diversas organizaciones que dan asesoría legal al acusado indicaron que a más de año y medio de la detención del activista mixe, las pruebas de su inocencia han sido ignoradas.

El abogado Isaac Torres Carmona, coordinador en Oaxaca de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, recordó que Gallardo Martínez fue detenido el 18 de mayo de 2013 por siete individuos que lo sacaron de su domicilio, sin identificarse ni explicarle el motivo de su arresto, y lo mantuvieron incomunicado 20 horas, durante las cuales fue sometido a tortura.

Una vez que fue llevado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República, el maestro y defensor de los derechos humanos fue presentado como responsable del secuestro de dos menores de edad, sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani.

A pesar de que Gallardo mostraba huellas visibles de haber sido golpeado, el médico legista afirmó que se trataba de heridas leves e ignoró su obligación de definir con qué habían sido producidas esas lesiones. De tal forma, ninguna instancia del sistema jurídico mexicano atendió e investigó la denuncia de tortura.

Fue hasta agosto de 2014 cuando el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria determinó que el profesor había sido víctima de dicho abuso por ser defensor de derechos humanos y formuló diversas recomendaciones al Estado mexicano, las cuales hasta la fecha no han sido contestadas.

De igual manera, hace tres meses un equipo independiente de peritos aplicó en Gallardo los exámenes del Protocolo de Estambul –herramienta internacional para identificar si una persona ha sido víctima de tortura–, los cuales fueron positivos.

A pesar de ello, destacaron Jenaro Hernández, también abogado del indígena, y Javier Enrique Sam, del Comité contra la Tortura y la Impunidad, el gobierno del país no ha puesto en libertad al activista, lo cual pone en entredicho sus obligaciones internacionales como firmante de pactos para prevenir y erradicar la tortura.