René Bejarano, dirigente de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional, cuestionó ayer que se pretenda responsabilizar a los municipios de los problemas en materia de seguridad, cuando algunos gobernadores son y han sido conspicuos déspotas, violentadores contumaces de los derechos humanos, de la libertad de expresión y criminalizadores de la protesta social.

Sin mencionar nombres, señaló que de aprobarse la creación del mando único policial, como propone el presidente Enrique Peña Nieto, se atentaría contra el municipio libre y se fortalecería el poder de esos dictadorzuelos a costa de los ayuntamientos; sería premiar el abuso caciquil, la prepotencia, el encono como forma de gobierno y la ambiciosa desmesura de sus aspiraciones.

Indicó que la creación legal de una situación de excepción, encaminada a eliminar, en determinadas circunstancias, facultades y recursos a los municipios por la supuesta o real infiltración del crimen organizado, es una visión parcial e incluso contraproducente, cuando esa infiltración o incluso pertenencia puede provenir desde el ámbito estatal y/o federal.

Destacó que algunas de las más perniciosas conductas criminales se han cometido desde la cúspide de los poderes estatales o desde los más altos niveles de los aparatos federales responsables de la seguridad pública, la administración y procuración de justicia.

Al anunciar, desde un hotel en la ciudad de México, la conformación del polo progresista municipal y ciudadano, con la participación de alcaldes, jefes delegacionales, legisladores y dirigentes sociales afines, Bejarano llamó a defender el municipio libre desde una perspectiva democrática, frente a las intenciones abusivas y centralistas del oficialismo depredador.

Resaltó que el centralismo como forma de gobierno y funcionamiento administrativo no resuelve los problemas, sino por el contrario, los agrava.

También dijo que Peña Nieto, en la práctica, pretende generar un esquema de intervención o disolución de ayuntamientos, una suerte de alteración del orden constitucional o estado de excepción.