Madrid.

El cuñado del rey Felipe VI de España, Iñaki Urdangarin, será acusado de ocho delitos por los que podría ser condenado a una pena de prisión de entre 15 y 20 años de cárcel. El fiscal anticorrupción de Palma de Mallorca, Pedro Horrach, presentó su escrito final, en el que acusa a los responsables de la trama de corrupción de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, blanqueo de capitales, falsedad en documento público, falsedad en documento mercantil y dos delitos fiscales.

El juez José Castro ya tiene en su despacho el escrito final de la Fiscalía Anticorrupción, en el que imputa ocho delitos a los principales cabecillas, que son, además del esposo de Cristina, hermana del monarca, su socio Diego Torres, y el ex presidente de Islas Baleares y ex ministro de Medio Ambiente durante el gobierno de José María Aznar, Jaume Matas, quien tiene otras causas pendientes por delitos relacionados con corrupción y abuso de poder.

El caso Nóos llega a su conclusión, tras una investigación de más de cinco años y la imputación de Urdangarin, así como de políticos, tanto de Islas Baleares como de Valencia.

Ahora, el juez instructor, José Castro, podrá elevar el caso a la vista oral e iniciar la fase final antes de que el tribunal dicte sentencia. A Urdangarin se le acusa de utilizar su condición de duque de Palma y yerno de los ahora reyes honoríficos Juan Carlos y Sofía para conseguir contratos en diversas administraciones públicas y que en la mayoría de los casos ni siquiera se entregó el proyecto o trabajo realizado. Incluso se desvió el dinero que se pedía para proyectos humanitarios, como uno para abatir la pobreza infantil en Nicaragua.

Se calcula que sólo en los proyectos en los participó de forma directa Urdangarin se podrían haber apropiado de más de siete millones de euros. El representante del Ministerio Público exculpará, como ya había anunciado, a Cristina de Borbón y Grecia.

Además de Urdangarin, el fiscal pedirá penas de más de 15 años de cárcel para su socio, Diego Torres, mientras la esposa de éste, Ana María Tejeiro, y Cristina, tendrán que devolver, en caso de sentencia condenatoria, el dinero obtenido gracias a los delitos o desfalcos en los que están involucradas de forma directa. En el caso de la hermana del rey la cifra podría superar los 600 mil euros, mientras en el de Tejeiro serían más de un millón de euros.

El fiscal, a diferencia del juez instructor y de la acusación particular, considera que no existen indicios que incriminen a la hermana del rey, si bien sostiene que ésta habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por Urdangarin, sobre todo mediante la empresa Aizoon, de la que son copropietarios al 50 por ciento y que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros de la trama de corrupción.

Entre los dirigentes políticos implicados destacan Jaume Matas, quien enfrenta entre 10 y 12 años de cárcel.

Urdangarin creó, por medio de un asesor financiero, unas 510 sociedades comerciales repartidas en todo el mundo, sobre todo en paraísos fiscales, para lavar el dinero que extraía de las arcas públicas, según se desprende de las conclusiones de la fiscalía anticorrupción. Utilizó al Instituto Nóos, supuesta entidad filantrópica sin ánimo de lucro, para conseguir abultados contratos públicos y, a su vez, desviar ese dinero. Lo hizo de la mano de su socio, Diego Torres, y de su asesor financiero, el abogado catalán Salvador Trinxet, según se desprende del informe policial, que se refiere exclusivamente a las maniobras del entonces yerno del rey para ocultar el dinero.

En total suman 510 sociedades distribuidas en España, Costa Rica, Reino Unido, Belice, Malta, Panamá, Rumania, Antillas Holandesas, Holanda, Hungría, Portugal, Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong, Chipre, Luxemburgo, Alemania, Uruguay, Italia, Francia y Estados Unidos (Wyoming, Delaware, Nueva York, Arkansas, Nevada y Oregon). Las empresas o sociedades fantasmas servían para el desvío de los fondos públicos que presuntamente se extraían de forma ilegal.

El juicio quedará pendiente de la resolución del juez Castro, quien se espera que tome una decisión esta semana o a principios de la próxima.