El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dio a conocer la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la ley para prevenir, eliminar y sancionar la desaparición forzada y la desaparición por particulares en la ciudad de México, y se deroga el artículo 168 del Código Penal.

En la iniciativa, que envió a la Asamblea Legislativa para su discusión, se impone prisión de 20 a 40 años y multa de 67 mil 290 a 100 mil 935 unidades de cuenta para los servidores públicos que cometan este delito, y de 15 a 30 años de cárcel cuando se trate de particulares.

Se puntualiza que el servidor público del Distrito Federal que de cualquier forma prive de la libertad a una o más personas, o que ordene, autorice, apoye, consienta o tolere que otros lo hagan, incurre en el delito de desaparición forzada de personas.

También incurre en este delito quien actúe bajo la orden, autorización o apoyo de uno o más servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal. Además de la pena y multa, el funcionario será destituido e inhabilitado de forma definitiva para ocupar algún cargo en la administración pública.

En el acto, el mandatario remarcó que con esta iniciativa se da cumplimiento al compromiso internacional que tiene México de actualizar, reforzar y adecuar todo lo que tiene que ver con las desapariciones forzadas. Aclaró que no se trata de una actitud caprichosa o una idea que surja de la nada, sino que es resultado de meses de trabajo.

En el mismo sentido se habían manifestado antes Santiago Corcuera y Javier Hernández Valencia, miembro del Comité sobre las Desapariciones Forzadas y Alto Comisionado en México para los Derechos Humanos, ambos de la Organización de Naciones Unidas, quienes aseguraron que esta iniciativa no es coyuntural por la crisis que se vive en México, sino producto de un trabajo que se viene haciendo desde hace más de un año y medio.

Se nos adelantaron Coahuila y Querétaro, que ya tienen su legislación en la materia, no así el resto de estados, admitió Corcuera, y exhortó a la Asamblea Legislativa a darle celeridad al análisis y estudio cuidadoso de esta iniciativa para lograr su aprobación.

Mancera Espinosa hizo un llamado a los y las diputadas a fortalecer las instituciones y repetir esta iniciativa en todo el país. No puede haber espacios de impunidad en México; no puede haber poblaciones aisladas o marginadas; no puede volver a suceder lo que pasó en Iguala, advirtió.

Pidió ser sensibles y ponerse en el lugar de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. La ciudad tiene que acompañar y garantizar que las manifestaciones se realicen de manera cuidadosa, cuidar a la gente que participa en ellas, ya que lo que menos quiere la ciudad es tener que utilizar a los cuerpos de policía; esa es la última ratio (razón) de cualquier Estado o gobierno, aseguró.