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Se requiere una inversión permanente de recursos para infraestructura y personal, dice

Édgar Elías: no existen condiciones para aplicar el nuevo sistema de justicia penal

Tribunales sufren recortes financieros de manera permanente, señala el magistrado presidente

 
Periódico La Jornada
Lunes 3 de noviembre de 2014, p. 36

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Édgar Elías Azar, aseguró que no están dadas las condiciones en materia de infraestructura y recursos humanos ante la carga de trabajo que se espera con el nuevo sistema de justicia penal.

Las autoridades hacendaria y presupuestaria deben considerar una inversión permanente para los nuevos juzgados y juzgadores que se requerirán, advirtió.

Qué bueno que tengamos los ojos puestos en la implementación (del nuevo sistema penal), pero no subestimemos la dificultad de operación, que es lo que hará del nuevo modelo de justicia penal una estructura sustentable y confiable para la ciudadanía, dijo ante estudiantes de la carrera de derecho, a quienes apremió a dotarse de conocimientos de vanguardia para una incorporación con éxito al ámbito laboral.

En un foro organizado por el TSJDF el sábado pasado en sus instalaciones, el magistrado presidente consideró que las competencias profesionales en materia de oralidad son el primer requisito para que el nuevo sistema de justicia penal funcione adecuadamente, pero advirtió que por si solo este aspecto no es suficiente para una óptima implementación, y mucho menos una exitosa operación del sistema jurídico ordenado por mandato constitucional.

Castigo presupuestario

El presidente del TSJDF recordó que los tribunales sufren en forma permanente los embates de la autoridad encargada de asignar el presupuesto y aplicar los recortes financieros a que obligan circunstancias coyunturales.

Hace falta, advirtió, de manera apremiante, una fuerte inversión de recursos, de toda índole, para que se consolide la implementación del nuevo sistema en las entidades federativas.

Elías Azar convocó a las autoridades de las instituciones de educación superior a sumarse a tomar las riendas del cambio y redoblar esfuerzos para adecuar y actualizar los planes de estudio de la carrera de derecho, con el propósito de responder al nuevo paradigma de administración de justicia.

La incorporación activa de las universidades en las transformaciones institucionales dan una perspectiva científica y un respaldo de autoridad que, a final, se traduce en mayor comprensión ciudadana y respaldo popular a los cambios, afirmó.