En los programas de trabajo que los 20 de los 21 candidatos a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentaron al Senado hay plena coincidencia en la necesidad de que ese organismo retome su autonomía y sus facultades constitucionales, centre su actuación en la protección de las víctimas y recobre la confianza de la ciudadanía.

La visión de la mayoría de los aspirantes choca con la del actual titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva –quien pretende relegirse– y sostiene en su propuesta a los legisladores que, en su gestión, esa comisión ha avanzado en el respeto a los derechos humanos en México.

Tal juicio no lo compartió el abogado general de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, quien considera que la CNDH debe regresar a los principios básicos que le dieron origen y que se han perdido en el camino. Sobre todo, en momentos en que los derechos humanos enfrentan una de las etapas más graves y desafiantes, agrega en su programa de trabajo. Destaca que la comisión debe ejercitar de forma oportuna y pertinente sus atribuciones en su totalidad, sin autolimitarse.

En tanto, Plascencia Villanueva insistió en que en sus cinco años al frente de la CNDH atendió 98 por ciento de las 215 mil 545 quejas que recibió. Esta institución, desde sus inicios, ha sido la voz de las víctimas de violaciones a los derechos humanos frente a las autoridades, un freno para quienes abusan de sus funciones y una vía para acceder al restablecimiento de los derechos, sostuvo.

Aseguró que hoy la sociedad reconoce a la CNDH por haber logrado un cambio significativo en el ejercicio del poder de los servidores públicos, sobre todo en los ámbitos del servicio público donde el uso de la fuerza requiere una atención especial.

El ex visitador, Mauricio Farah Gebara, que contendió con Plascencia hace cinco años, en su programa de trabajo advierte que es lamentable constatar que la actuación del ombudsman se encuentra por debajo de las expectativas de la sociedad, pues pese a contar con más recursos económicos, un número cada vez mayor de recomendaciones es emitido con una tardanza promedio de 18 meses.

“La parsimonia con que la CNDH trabaja ha llegado al extremo de que un mismo asunto haya sido resuelto con más celeridad por un juzgado de distrito que por el ombudsman nacional”. Hay además, resaltó, cinco casos, dos de ellos de migrantes, que se ampararon contra determinaciones de la comisión.

Farah criticó también que Plascencia no ha establecido criterios ni reglas a las que se deban sujetar las facultades de investigar violaciones graves de derechos, que se dieron a la CNDH en la reforma constitucional de 2011. Se preguntó cuáles fueron las razones por las que el ombudsman no consideró grave la muerte de 32 migrantes en San Fernando, Tamaulipas.

Igualmente, el coordinador de derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia, Carlos Pérez Vázquez, señala que la CNDH debe centrarse en las víctimas y en constatar que sus recomendaciones sean cumplidas a fin de que haya justicia.

Otro de los aspirantes, Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional contra la Discriminación (Conapred), dijo que el saldo en el desempeño de la CNDH es negativo y advirtió que un papel distinto al actual habría logrado resolver los casos, disminuir los conflictos, atenuar la violencia y atacar la impunidad.

La ex presidenta de Províctima, Irene Herrerías, y la diputada del PRI con licencia, Miriam Cárdenas, coincidieron en que la CNDH debe recobrar la confianza de los mexicanos.

El ex ombudsman del Distrito Federal, Luis González, sostuvo que la no actuación del titular de la CNDH abonó a la división de las víctimas y permitió criminalizar a algunas de ellas. Señaló que no sólo conflictos, sino hasta litigios con organizaciones no gubernamentales provocó Plascencia.