n su asamblea general los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) elaboraron una resolución en la que piden al gobierno federal que permita la realización de un congreso nacional politécnico con carácter resolutivo y fundacional a fin de reformular el estatuto jurídico de la institución y hacer efectivo el proceso de democratización. Asimismo, demandan la elección, mediante voto directo de alumnos, docentes y trabajadores del IPN, del sucesor de la ex directora general, Yoloxóchitl Bustamante, y proponen una serie de medidas que significarían, en los hechos, la autonomía.

Tales son los puntos centrales del nuevo pliego petitorio referidos al Politécnico. En un ámbito nacional, el movimiento estudiantil reclama (punto 8) que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año entrante se destine una suma equivalente a 8 por ciento del producto interno bruto a la educación pública y se incrementen los recursos destinados a la ciencia y la tecnología a 2 por ciento del PIB.

En sus aspectos políticos, legales y administrativos, las demandas estudiantiles son realizables y positivas. Nada justifica, hoy en día, que el gobierno federal siga tutelando al Poli, vía la Secretaría de Educación Pública, ni existe razón a la vista para negarle la autonomía que poseen otras instituciones públicas de educación superior. Por el contrario, la historia de éstas ha demostrado que el régimen autónomo resulta saludable y necesario para el desarrollo de las tareas académicas y de investigación.

La aceptación de estas peticiones depende únicamente de que las autoridades exhiban la voluntad política necesaria para entregar el control del IPN a una comunidad que ha demostrado con creces su madurez y su civismo, y significaría la continuación de la actitud de apertura exhibida en días recientes por el gobierno federal ante el movimiento estudiantil.

Los reclamos presupuestales, sin ser menos justos, involucran a actores adicionales y deben, en consecuencia, dar lugar a un proceso de concertación entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, encargado de elaborar los presupuestos de egresos.

Por añadidura, tales demandan implican una revisión profunda del modelo económico neoliberal aún vigente en lo que respecta a su descuido tradicional y funcional de la enseñanza pública y su impulso a la mercantilización educativa.

Sin desconocer que es éste uno de los aspectos más perniciosos de las recetas económicas que se siguen imponiendo en el país, y que la atención de la demanda estudiantil sería por demás positiva para el desarrollo social y humano, parece necesario que el Ejecutivo federal logre comprometer a las bancadas legislativas en la consecución de los objetivos planteados por los estudiantes politécnicos. De lograrse, ello significaría una contribución fundamental y trascendente para empezar a superar los saldos de desastre causados en el sistema educativo nacional por tres décadas de mentalidad privatizadora, depredadora y devastadora de los bienes públicos y del bienestar social. Cabe esperar, por ello, una respuesta receptiva del gobierno.