Economía
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Decidirán desde la distribución de la renta petrolera hasta la asignación de contratos

Cuestionan senadores atribuciones de nuevos comisionados y consejeros del sector energético

Consideran que con tales perfiles se cierra la pinza de la contrarreforma privatizadora

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Plataforma petrolera de en la sonda de CampecheFoto Pemex
 
Periódico La Jornada
Domingo 21 de septiembre de 2014, p. 25

Determinar la distribución de la renta petrolera, otorgar contratos para la explotación de hidrocarburos y decidir incluso sobre la venta y enajenación de los activos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), son algunas de las facultades que tienen los 18 consejeros y comisionados recientemente aprobados por el Senado, en un reparto de cuotas entre el PRI y el PAN.

Aunque los senadores del PAN valoraron la posibilidad de frenar esos nombramientos –el jueves pasado– por la confrontación que mantienen con el gobierno federal a partir del caso Sonora, al final decidieron avalarlos, al considerar que el 80 por ciento –12– de ellos eran propuestas suyas.

De acuerdo con los senadores del PRD, Dolores Padierna, y PT, Manuel Bartlett y Layda Sansores, los perfiles seleccionados cierran la pinza de la contrarreforma energética, que privatiza el petróleo y la electricidad.

Desde el Fondo Mexicano del Petróleo, para la Estabilización y el Desarrollo, Luis Téllez, un ex funcionario transexenal deberá decidir si se paga primero a las empresas extranjeras que representa o los recursos se canalizan a gasto social.

Igualmente, el colombiano nacionalizado mexicano Octavio Pastrana, ex director de British Petroleum y nuevo integrante del Consejo de Administración de Pemex, definirá cuestiones torales para la supervivencia de la ahora empresa productiva del Estado.

La senadora Padierna explicó que como integrantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), responsable de determinar los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, así como los permisos para transporte de ductos, almacenamiento y comercialización de crudo, así como el manejo de información estratégica en materia de sismología y todo tipo de datos sensibles a la seguridad nacional, se nombró a personajes que han sido empleados de los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto.

Héctor Alberto Acosta Félix fue propuesto por el PAN para ser comisionado de la CNJH por siete años, específicamente por el senador Salvador Vega Casillas, con quien trabajó en la Secretaría de la Función Pública, justo en el periodo en que se dieron los más grandes escándalos de corrupción y tráfico de influencias en Pemex, sin que se recuerde ninguna investigación a fondo que haya hecho.

Los otros dos comisionados de la CNH son Sergio Pimentel Vargas, sin experiencia en el sector energético, coordinador de asesores del consejero jurídico de la Presidencia de la República. Su nombramiento lo defendió el PRI, recalcó Padierna.

Para la CRE se nombró a tres comisionados con un sólido perfil tecnocrático: Cecilia Monserrat, presentada como investigadora del Centro Molina, pero llegó ahí apenas hace cinco meses, antes estuvo en el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), entidad privada financiada por los hombres de negocios más poderosos del país, desde la que promocionó la reforma energética.

El otro comisionado de la CRE es Marcelino Madrigal, que vive en Washington, ya que trabaja desde 2008 como investigador senior en el Banco Mundial, organismo que presionó en las últimas décadas al gobierno de México para privatizar la electricidad, recalcó el senador Bartlett.

A su vez, la también petista Layda Sansores subrayó igualmente el nombramiento del premio Nobel de química, Mario Molina, como integrante del consejo de administración de la CFE. Dijo que es asesor del presidente Obama y su centro de investigación lo patrocinan empresas vinculadas con el petróleo.

Aunado a ello, los 18 consejeros y comisionados del sector energético tienen un régimen jurídico de excepción, ya que aunque se les pagará con recursos públicos, no se les considera funcionarios públicos. Están asimismo exentos de la disposición constitucional de que nadie podrá ganar más que el Presidente de la República, por lo que tendrán altos salarios.