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El negocio, auspiciado por la delincuencia: SG; realiza operativo para decomisar aparatos

El mercado de máquinas tragamonedas genera ganancias por mil millones de pesos semanales
 
Periódico La Jornada
Domingo 6 de julio de 2014, p. 12

El mercado ilegal de máquinas tragamonedas, los artefactos de juego instalados en lugares de fácil acceso para niños y adultos, obtiene ganancias cercanas a mil millones de pesos semanales, según cálculos de la Secretaría de Gobernación (SG).

La dependencia comenzó esta semana un operativo para decomisar los aparatos, bajo la premisa de que este negocio irregular es auspiciado por la delincuencia organizada, desde la importación ilegal de piezas para el armado de las máquinas hasta el cobro de piso bajo esta modalidad en tiendas de abarrotes, farmacias y otros comercios ubicados principalmente en colonias populares.

El año pasado la SG calculó que había unas 75 mil máquinas de este tipo que operan ilegalmente, porque no hay un proceso formal de importación de los aparatos y, en especial, porque no están registrados ante la Dirección General de Juegos y Sorteos de la dependencia.

La comisión especial de diputados que atiende el tema de casinos considera que el número de maquinitas podría llegar a 250 mil.

Especialistas en la materia advierten que este tipo de juego incesante, ya sea en el casino de un permisionario avalado por la SG o en un establecimiento no autorizado, provoca efectos indeseables en la población.

En momentos en que funcionarios y diputados han redactado un proyecto de reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la organización social Di no a los Casinos pidió al gobierno federal y al Congreso de la Unión generar, en la nueva norma, un mecanismo no sólo para detectar operaciones, sino para identificar fiscalmente a cada uno de los jugadores-clientes.

Este grupo civil, encabezado por Daniel Olivares, advierte desde hace cuatro sexenios de los efectos negativos de la proliferación de casinos y su relación con el aumento de la inseguridad y la violencia.

Señala que sólo con la identificación fiscal plena de los jugadores se combatirá el lavado de dinero en establecimientos del sector. Actualmente operan más de 400 sitios de este tipo en el país, pero los permisos vigentes tienen capacidad para expander el negocio casi al doble.

En una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, a integrantes del gabinete de seguridad –encabezado por la SG–, así como a diputados federales, Di no a los Casinos propone el uso de tarjetas electrónicas inteligentes para registrar las operaciones.

En estudios amplios, generados en años recientes, el grupo civil detalla las consecuencias del crecimiento de los negocios, en especial aquellos de juego incesante, aprobados por los gobiernos priístas y, de manera particular, expandidos por los dos de extracción panista (2000-2012), no sólo en el número de salas de juego autorizadas, sino además las máquinas tragamonedas, así como la autorización de la apertura de negocios de juego en lugares cercanos a escuelas y centros laborales.

En este punto destacan no sólo la generación de la ludopatía (adicción a los juegos electrónicos o de azar) y la corrupción, sino también una vinculación entre el crecimiento de casinos con el recrudecimiento de la violencia y la inseguridad en el país.

En la misiva subraya que los casinos y salas de apuesta son el medio ideal y el más barato para blanquear fondos de procedencia ilícita.

De ahí que si no se identifica al cliente que pierde el dinero, el individuo podría ser simplemente un testaferro de la delincuencia organizada. Es decir, un delincuente podría ser el dueño de un casino y mandar a su gente a perder su propio dinero, de procedencia ilícita, para de esta manera lavarlo.

Al titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le advirtió, en una carta entregada el mes pasado en Bucareli, acerca de los peligros de legalizar juegos muy peligrosos como el de tallamiento de cartas con croupier (repartidor de la baraja), lo que en la práctica permitiría a los casinos arrebatar rápidamente el dinero al jugador-cliente.

Nuestra organización siempre ha insistido en que la operación de casinos en México perjudica a la población y sólo sirve para que unos cuantos casineros, favoritos del régimen en turno, hagan pingües ganancias desfalcando a los juegadores-clientes, asegura.