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Campesinos del Cecop no oponen resistencia; se restablece el suministro

Recuperan policías y militares planta de agua de Acapulco
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Alrededor de 800 policías estatales, soldados y marinos llegaron al poblado Salsipudes, en la zona rural de Acapulco, Guerrero, para desalojar a unos 200 comuneros que se habían apoderado de las bombas de agua que abastecen a la mayor parte del puerto. Los comuneros, pertenecientes al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota exigen la libertad de su compañero Jose Palma Tornés, detenido el 29 de mayo acusado de homicidio. En la imagen, el momento en que los uniformados recuperan las instalacionesFoto Javier Verdín
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 5 de junio de 2014, p. 28

Acapulco, Gro., 4 de junio.

Este miércoles al mediodía más de 600 policías estatales y antimotines tomaron el control de la planta de captación de agua Papagayo 2, que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) tiene en la comunidad Salsipuedes, en la zona rural de Acapulco, a la orilla del río Papagayo, cuyos cinco equipos de bombeo fueron apagados por integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop) la mañana del martes. El abasto se normalizó a partir de las 15:30 horas.

La protesta provocó desabasto de agua a más de 340 mil habitantes de las zonas alta y media de Acapulco. El Cecop demandaba que las autoridades liberaran al campesino José Palma Tornés, mayor de 60 años, detenido el 29 de mayo acusado de tentativa de homicidio, luego de un enfrentamiento a balazos entre policías comunitarios de Cacahuatepec y pobladores de la comunidad Parotillas afines al empresario gravillero Humberto Marín, el 4 de abril pasado.

Integrantes del Cecop habían comenzado a encender las bombas de agua, una cada 30 minutos, pero cientos de policías estatales, auxiliados por soldados y marinos, recibieron la orden de apoderarse de las instalaciones, lo que hicieron prácticamente sin oposición de comuneros.

El coordinador regional de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Concepción Bedolla Vega, acudió a constatar que no se cometieran abusos.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Leonardo Vázquez, dijo que el objetivo era recuperar las instalaciones sin violencia; en cuanto al comunero preso, señaló que su caso está en manos del Poder Judicial.

Al cierre de esta edición, el comunero Palma Tornés, preso en el penal de Acapulco y defendido por abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, no había sido liberado.