Tras la aprobación en primera vuelta –el miércoles pasado– de una legislación antiaborto en Nuevo León, la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) lamentó el hecho y calificó de grave la situación.

Minerva Santamaría, coordinadora del área de jóvenes de esa organización, expresó a este diario que “es preocupante“ lo que sucede en Nuevo León, sobre todo porque el PRI impulsó la reforma en complicidad con el PAN y queda claro, agregó, que es un “acuerdo fast track” entre ambas fuerzas políticas y la Iglesia católica.

Apuntó que como parte de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir apoyamos las acciones en redes sociales impulsadas por organizaciones de la sociedad civil, y añadió que CDD hará un llamado para que el Congreso de dicha entidad comprenda que su responsabilidad es proveer las mejores condiciones para que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, basados en evidencia científica.

Subrayó que los legisladores de Nuevo León tienen la obligación de impedir que ninguna creencia religiosa influya en las decisiones de política pública.

Por otro lado, la arquidiócesis de México celebró la aprobación de la ley antiaborto y aseguró en su sistema informativo que Nuevo León se convierte en el estado 18 en proteger el derecho a la vida desde su inicio en la fecundación, con lo cual 56 por ciento de las entidades del país han concretado reformas legislativas que elevan a rango constitucional ese derecho a la vida, que en esencia tiene como propósito proteger la salud de las mujeres antes, durante y después del embarazo, así como la vida de las niñas y niños por nacer.