La Secretaría de Gobierno capitalina confirmó que, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), se creará un mecanismo para la indemnización material e inmaterial de las 104 víctimas de detenciones arbitrarias durante las manifestaciones por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, el 1º de diciembre de 2012.

Luego de que la comisión presentó ayer un informe especial sobre el impacto sicosocial en los afectados por esos hechos, en el que pide que se repare el daño, el titular de la dependencia, Héctor Serrano, señaló que antes del jueves de la próxima semana deberá estar definido el procedimiento y los montos de indemnización, los cuales se determinarán también en conjunto con la CDHDF.

El funcionario recordó que el informe se deriva de la recomendación 07/2013 que emitió el organismo por esos hechos, la cual fue aceptada en todos sus términos por el gobierno de la ciudad.

Refrendamos nuestro compromiso con la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos, motivo por el cual crearemos un plan integral de reparación del daño por las violaciones que en su momento acreditó la CDHDF, manifestó.

El 1º de diciembre de 2012 fueron detenidas 104 personas –por los disturbios y los daños a edificios públicos y privados, principalmente de avenida Juárez–, de las cuales 69 fueron consignadas por el delito de ataques a la paz pública, y aunque la mayoría fueron liberados días después, a 14 se les inició proceso penal.

En su informe, la CDHDF manifestó que las víctimas no sólo tuvieron que enfrentar un proceso jurídico, sino la exhibición pública como delincuentes, maltrato, vejaciones e incluso tortura, que les dejaron secuelas físicas y emocionales que poco se visibilizan, pero que afectaron su desarrollo social.

El documento agrega que las secuelas tienen que ver con cambios de conducta, temores, aislamiento, depresión, trastornos físicos como falta de sueño, pérdida de apetito; además de afectaciones asociadas a la ruptura de su sistema de creencias básicas y evasión de la realidad, lo que vulneró sus sensaciones de seguridad.

Además de las indemnizaciones, el informe hace un exhorto al jefe de Gobierno del Distrito Federal a no apelar de las sentencias contra las procesados, y sobre todo que se anulen los antecedentes penales de las personas que en su momento obtengan la absolución.