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Representa una serie de buenas prácticas: Silva Meza

Exigen a la SCJN total transparencia en los documentos del caso Radilla
 
Periódico La Jornada
Miércoles 19 de febrero de 2014, p. 18

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió ayer el certificado que la obliga a preservar, difundir y permitir el acceso a los documentos registrados del Caso Rosendo Radilla, que representan el arranque de una nueva época jurisprudencial en México, señaló el ministro presidente Juan N. Silva Meza.

Al hacer uso de la palabra ante el presidente del Comité Regional para América Latina y el Caribe del Programa Memoria del Mundo de la Unesco, Sergio López Ruelas; Rosa María Fernández de Zamora, presidenta del Comité Nacional de la Memoria del Mundo-México, y María del Socorro Rovirosa Priego, secretaria general de la Comisión Mexicana de Cooperación con la Unesco, Silva Meza recordó que el caso Radilla fue el primero relevante que el pleno de la Corte resolvió (en 2011), a la luz del nuevo paradigma constitucional en materia de derechos humanos.

En la historia jurisdiccional contemporánea de México –indicó en el acto realizado en la sede del máximo tribunal– existe una relación que no podrá ignorarse en el futuro, entre la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la resolución del expediente Radilla por parte de la Corte.

Explicó que el caso Radilla le permitió a la Corte establecer estándares que no sólo han coadyuvado a que nuestro país cumpla con alguna de las obligaciones que le fueron impuestas en la sentencia condenatoria emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2009, sino, además, representan ya una serie de buenas prácticas a los ojos del resto de la región y del mundo.

Silva mencionó también la decisión del pleno de reconocer la competencia contenciosa de la CIDH, que honra nuestros compromisos internacionales (y) supera muchas discusiones que todavía se encuentran en desarrollo en otras latitudes del continente, además de que le permitió al pleno emitir nuevos e importantes criterios respecto de los alcances del fuero militar, control de convencionalidad para todos los jueces nacionales y el respeto a los derechos humanos, entre otros.