A falta de dictámenes de las leyes reglamentarias de las reformas constitucionales en materia de energía, telecomunicaciones y competencia económica, los diputados federales agendaron un paquete de dictámenes –que fueron aprobados en su totalidad–, donde se incluyeron modificaciones a la Ley de Propiedad Industrial, la orgánica de la administración pública federal y la reglamentaria del artículo 105 de la Constitución.

Los legisladores aprobaron por unanimidad una reforma al artículo 191 de la Ley de Propiedad Industrial, a fin de otorgar mayor flexibilidad a los particulares que quieran defender ante la autoridad su propiedad industrial de derechos registrados.

La reforma, que fue enviada al Senado, pretende eliminar la libertad de criterios contradictorios en la aplicación de la ley que podrían tener los órganos administrativos, con la finalidad de crear certidumbre jurídica en el gobernado.

En el texto queda asentado que la solicitud de declaración administrativa sobre la nulidad, caducidad, cancelación e infracción de las marcas y patentes, se desechará cuando el registro de autorización o publicación no se encuentre vigente.

Y es que en el actual artículo 191 de la Ley de Propiedad Industrial persiste la confusión: en el primer párrafo dispone del derecho que tiene el solicitante para que en un plazo de ocho días presente las copias o documentos que a su solicitud no acompañó. También se desecha la solicitud por falta de un documento que acredite su personalidad, lo que podría violentar las formalidades esenciales de la ley.

La reforma fortalecería el régimen jurídico al evitar que se sigan presentando situaciones irregulares u opacidad en el contenido de la ley.