a solicitud de un préstamo por 450 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar a empresas particulares en actividades de cogeneración de energía eléctrica da cuenta del favoritismo con que el gobierno federal beneficia a los capitales privados mediante la entrega de recursos públicos, y exhibe además una falta de control y transparencia en lo que se refiere a los créditos solicitados ante organismos internacionales.

Un botón de muestra de lo anterior es el hecho de que los préstamos concedidos por el BID a nuestro país han sido utilizados incluso para financiar viajes de aprendizaje de funcionarios del gobierno federal –fue el caso de una gira realizada en Brasil para conocer los programas sociales de ese país–, cuando esos gastos tendrían que correr a cargo de las partidas presupuestales de la administración pública.

Paradójicamente, el incremento en el monto de las deudas contratadas con organismos financieros internacionales –que son pagadas, cabe recordar, con dinero de la gente, no del gobierno ni de los beneficiarios de la iniciativa privada– no se ha visto reflejada en una reactivación efectiva de la economía ni en el impulso al desarrollo nacional; sino acaso en el financiamiento de los costos de un gobierno oneroso e ineficiente y en la transferencia de recursos a entidades privadas, no pocas de ellas de origen foráneo.

En el caso que se comenta resulta improcedente que el gobierno endeude al país para financiar la cogeneración de electricidad de compañías particulares, y que al mismo tiempo desatienda las necesidades de las empresas energéticas paraestatales y las someta a una administración ineficiente y turbia: mientras la Comisión Federal de Electricidad padece el exceso de contratismo y la afectación de sus finanzas por la compra de energía a los operadores privados a un precio mucho mayor del que le costaría producirla, Petróleos Mexicanos enfrenta la persistencia de un saqueo fiscal que debió ser corregido desde hace muchos años.

El referido manejo de los recursos y los débitos públicos es indicativo de la orientación de los gobiernos federales del ciclo neoliberal, cuyo propósito ha sido servir a los intereses trasnacionales, aunque ello implique desatender las necesidades del país. En esencia, la misma actitud que ha privado en el reparto del referido préstamo del BID puede observarse en la reforma petrolera recientemente aprobada y promulgada, comprometida con los intereses de los gigantes energéticos trasnacionales, y en la política fiscal de los últimos gobiernos, incluido el actual, que se ensaña con los sectores productivos y los pequeños contribuyentes, y da trato de privilegio a los grandes capitales financieros, así como a los dueños de las grandes fortunas.

En suma, la situación descrita constituye una radiografía de la orientación general y de las prioridades de un gobierno ceñido a los designios y a los intereses de los grandes grupos empresariales, ajeno a las necesidades del desarrollo de México y a la urgencia de resolver los exasperantes rezagos sociales que padece el país.