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Aprobaron iniciativas en materia de educación, atención a víctimas de trata y justicia

Dan diputados rango de ley a la entrega de uniformes gratuitos

Beneficia a alumnos de prescolar, primaria y secundaria, entre otros

Derogan disposiciones por las que se otorgan becas a bachilleres

Tiene el GDF más armas en la extinción de dominio

 
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de noviembre de 2013, p. 37

El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó ayer cinco iniciativas en materia de educación, de atención a víctimas de trata de personas y de justicia.

Con la primera se crea la ley que establece el derecho a uniformes escolares gratuitos, aprobado por 43 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la cual garantiza que un millón 375 mil 201 estudiantes –quienes representan poco más de 80 por ciento de la población escolar que cursa el nivel básico en alguna de las 15 mil 295 escuelas públicas de la ciudad de México– obtengan cada año dicho beneficio.

Dicha ley se elaboró a partir de iniciativas que presentaron por separado el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la ALDF, Ernestina Godoy, y está dirigido a estudiantes de nivel prescolar, primaria, secundaria, educación especial e indígena. Así como a alumnos inscritos en los centros de Desarrollo Infantil y estancias infantiles que dependen del gobierno capitalino, centros de Atención Múltiple, unidades de Servicio de Apoyo a la Escuela Regular, así como de centros de Recursos, Información e Innovación para la Integración Educativa de la ciudad de México.

La ALDF aprobó también derogar las disposiciones de su Ley Orgánica y Reglamento Interior que crearon la unidad administrativa para el manejo del fideicomiso destinado a pagar becas a estudiantes de bachillerato, sobre el cual la presente legislatura presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia capitalina por el desvío de 11 millones de pesos.

El dictamen considera la creación de un programa con reglas claras de operación para garantizar que los beneficiarios no interrumpan sus estudios, con un padrón de 2 mil 700 estudiantes publicado en Internet.

El presidente de la Comisión de Gobierno, Manuel Granados, señaló que, al desaparecer esa unidad, la ALDF está en posibilidad de extinguir la figura jurídica del fideicomiso que compone la fiduciaria, que es el banco Banorte, el fideicomitente, que es la ALDF, y los beneficiarios. En tanto, se está a la espera de las conclusiones de la auditoría que se aplica al fideicomiso, así como de la citada denuncia penal.

La ALDF reformó también la Ley para prevenir y erradicar la trata de personas, el abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil, para que las autoridades capitalinas brinden a las víctimas de estos delitos alojamiento, atención médica, acceso a educación, capacitación y oportunidades de empleo hasta su total recuperación y resocialización.

Dispone que la Secretaría de Desarrollo Económico les dé prioridad en el otorgamiento de créditos para la micro, pequeña y mediana empresas y que las delegaciones coadyuven en la detección y prevención de estos delitos a través de la vigilancia y verificación de establecimientos.

Antes, el pleno aprobó otras dos iniciativas del jefe de Gobierno en materia de justicia. Una con reformas a la Ley de extinción de dominio para el DF, que tiene como finalidad evitar que por la vía del amparo, aduciendo falta de competencia de la autoridad local, se evada su aplicación, particularmente en los casos de secuestro y trata de personas.

La otra reforma, al Código de Procedimientos Penales del DF, consiste en cambiar el nombre de los juzgados de paz en materia penal, por el de juzgados de delitos penales no graves.