La Paz, BCS, 9 de noviembre.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Los Cabos, Julio Castillo, afirmó que en los primeros seis meses de este año fueron denunciados 13 mil actos delictivos, 6 mil de ellos relacionados con robos en sus diferentes modalidades. La cuarta parte se cometieron en los municipios de San José del Cabo y Cabo San Lucas, por lo que demandó a las autoridades detener y sancionar a los delincuentes.

Dijo que la Constitución obliga al Estado Mexicano a garantizar la seguridad de sus ciudadanos, por lo que las autoridades de los tres niveles de gobierno no pueden poner de pretexto que los delitos no son de su competencia, pues es responsabilidad de la Federación, los estados y municipios asegurar lo correspondiente.

En conferencia de prensa presentó los casos de delincuencia ocurridos en el último mes, publicados en medios locales, aunque advirtió que la cifra fácilmente podría triplicarse por delitos que no son denunciados.

Expresó preocupación por el nivel de impunidad existente, pues no hay detenidos en el asalto a bancos y otros negocios, así como por la falta de prevención para impedir esas fechorías.

Pidió al Congreso local y a los legisladores federales que representan a Baja California Sur autorizar más presupuesto para seguridad pública y procuración de justicia, sobre todo para Los Cabos, pues de los 150 millones de pesos entregados por la Federación en 2012, sólo se asignaron cinco millones a ese centro vacacional, uno de los más importantes del estado por la generación de recursos.

Julio Castillo puntualizó que las autoridades no pueden escudarse en que el aumento de robos en Los Cabos se debe al crecimiento demográfico y al desarrollo económico, por lo que les dio plazo de 30 días para dar resultados y dar un giro a la situación de inseguridad que hoy se vive en esa zona.

El procurador general de Justicia estatal, Gamill Arreola Leal, aseguró que el rezago legislativo que prevalece en el Congreso local afecta el combate a la delincuencia en el estado; además, Baja California Sur no se distingue en el contexto nacional por los crímenes de alto impacto, pero sí tiene un aumento en el índice de robos que es necesario contrarrestar con un mejor marco normativo.

Precisó que hace meses se envió un iniciativa de reforma al Código de Procedimientos Penales para homologar con la normatividad federal las reglas de apreciación, valoración y alcance probatorio de los partes de la policía para atender el narcomenudeo, lo cual sería una herramienta muy útil para incidir en el tema de los robos, pero hasta la fecha no se ha dictaminado.