Tras la liberación de Rafael Caro Quintero, la familia del agente estadunidense Enrique Camarena Salazar –asesinado en Guadalajara en 1985– promovió un recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo que permitió que el ex líder del cártel de Guadalajara recuperara su libertad y quedara sin efecto la sentencia de 40 años por homicidio del agente antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y del piloto Alfredo Zavala.

Fuentes de la defensa que lograron el amparo en favor de Caro Quintero señalaron que el recurso interpuesto por la familia de Enrique Camarena también fue turnado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al igual que el recurso promovido por la Procuraduría General de la República (PGR), con los cuales buscan que se revea la decisión dictada y Caro Quintero regrese a prisión.

Orden de tribunal en Guadalajara

El 9 de agosto de este año, el segundo tribunal unitario con sede en Guadalajara, Jalisco, informó del otorgamiento de un amparo por el primer tribunal colegiado en materia penal, en esa misma ciudad, en favor de Rafael Caro Quintero, en el cual se concedió tener por compurgadas las sanciones impuestas en lo que se refiere a una de las dos acusaciones que enfrentaba por delitos contra la salud; sobreseer la sentencia de 40 años por los homicidios del agente estadunidenses Enrique Camarena Salazar y el piloto de la Secretaría de Agricultura, Alfredo Zavala.

En esa fecha, el magistrado del segundo tribunal unitario notificó a la Procuraduría General de la República de la liberación de Caro Quintero, hasta nueve horas después de que quien fuera líder del cártel de Guadalajara había abandonado la prisión estatal.

La familia del agente estadunidense se presentó al primer tribunal unitario y allí puso de manifiesto sus alegatos para que la sentencia dictada entrara en un proceso de revisión.

Al escrito de la familia se agregó, el 22 de agosto, el documento a través del cual la PGR señaló que los magistrados dictaron una sentencia que favoreció a Caro Quintero de manera absurda e insostenible. El caso está en manos de la SCJN y no hay fecha para conocer si el máximo tribunal del país revisará la sentencia o solamente establecerá reglas para el juzgamiento de casos que correspondería atender a los jueces locales.