El incremento del crimen organizado en América Latina se ha convertido en una amenaza a la estabilidad y la calidad de las democracias de la región, sostuvo Paulina Duarte, directora del Departamento de Seguridad de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Agregó que esa criminalidad evidencia lo vulnerables que son las instituciones y la incapacidad del Estado para mitigarla, pues hay un desafío no sólo por la presencia armada, sino por su dimensión económica.

Durante la mesa Estado y seguridad en los procesos de consolidación democrática, del cuarto Foro de la Democracia Latinoamericana, el subsecretario de Prevención de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, señaló que se ha enfrentado una crisis de seguridad, pues las instituciones fueron diseñadas para otra realidad, en la cual el crimen organizado no tenía tanta presencia, si bien dijo que la pérdida del control por algunas instituciones no ha sido exclusivo de México.

Destacó que en el centro de la violencia en el país están los jóvenes, debido a que la operación de las bandas del crimen organizado requiere de reclutar personas para todas sus etapas.

Por eso, en la actualidad el homicidio es la principal causa de muerte entre los jóvenes, a pesar de que, según las cifras que dio, México dista de ser el país más violento de América Latina.

Siembra de cadáveres

El ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Sergio García Ramírez reconoció el auge de las organizaciones criminales que ha modificado sustancialmente la relación entre Estado y delincuentes, que antes huían, después lo confrontaron y ahora pretenden coptarlo.

Existe un crimen organizado que domina algunos territorios cuando asume atribuciones de autoridad fiscal y policial, cuando infunde temor, agregó.

La violencia ha convertido ciertas zonas en un verdadero camposanto, sin que esta siembra de cadáveres haya generado las condiciones de paz que hubiéramos deseado.

Para Paulina Duarte, la presencia reciente de la criminalidad y violencia en algunas regiones tiene impactos políticos negativos para todo el hemisferio, afectando los motores de la gobernabilidad democrática, la estabilidad, la legitimidad pública de gobernantes e instituciones.

Subrayó que mientras se profundizan las debilidades institucionales, se crean condiciones propicias para el desarrollo de economías ilícitas.

El impacto en cada país depende no sólo de la estructura de esas economías, sino de las capacidades de cada país para mitigarlas, pues en distintos lugares del hemisferio hay zonas de no gobernabilidad, donde el Estado tiene una débil presencia y baja capacidad para garantizar la seguridad ciudadana.

A su vez, si bien Campa reconoció los altos niveles de violencia que han llevado a una crisis de seguridad en México, relativizó sus alcances al presentar estadísticas. Afirmó que en 2012 los homicidios en el país por cada 100 mil habitantes fueron 22.18, frente a más de 40 en el Salvador, 53 en Venezuela, 31 en Colombia y 83 en Honduras.

Destacó que la crisis de inseguridad que se enfrenta se relaciona con factores de riesgo que la condicionan y uno de ellos es que en las zonas violentas de la región los jóvenes son víctimas y victimarios, por lo cual son importantes las estrategias para quitar al crimen organizado la posibilidad de reclutar gente.

Reconoció que la falta de oferta de empleo lo complica. ¿Cómo convencer a un joven de la importancia de la educación? ¿Cómo hacer que recupere la fe en la educación, el esquema para construir un proyecto de vida, si al final no tenemos oportunidades?, expresó.