Madrid, 10 de octubre.

El Partido Popular (PP), que cuenta con 182 de las 350 curules del Congreso de los Diputados de España, aprobó hoy en solitario la nueva ley educativa, rechazada por rectores, estudiantes, padres de familia, sindicatos y toda la oposición política.

El gobierno encabezado por Mariano Rajoy defiende la nueva legislación con el argumento de la excelencia educativa, mientras los representantes del sector la califican de fanática, hipócrita y nostálgica de la dictadura fascista de Francisco Franco (1939-1975).

El ministro de Educación Juan Ignacio Wert, es el político peor valorado por la ciudadanía y uno de los miembros del gabinete con más frentes abiertos. Desde que asumió el cargo ha roto prácticamente todos los cauces de diálogo con el sector educativo, así como con la mayoría de las agrupaciones de padres de familia. Y, además, también socavó los intentos de llegar a un acuerdo con los principales grupos de la oposición para definir una política educativa de Estado.

Tras un agrio debate, el conservador PP aplicó su rodillo parlamentario y aprobó con 182 votos la Ley de Mejora de la Calidad Educativa, conocida como ley Wert, que recibió 137 votos en contra, y dos abstenciones, la de los dos diputados de Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro.

El debate volvió a poner sobre la mesa las grandes diferencias que hay entre la política educativa del gobierno y la percepción entre profesores, rectores y los propios estudiantes, que han manifestado su rechazo a la reforma en las calles de las principales ciudades del país y en los centros educativos, donde se han llevado a cabo una serie de huelgas que se prevé continuarán en los dos años que quedan de legislatura.

Todos los grupos de la oposición coincidieron en la presentación de una enmienda a la totalidad de la ley. Incluso todos los grupos parlamentarios de la oposición y algunos representantes de la educación se tomaron una fotografía a las puertas del Congreso de los Diputados para refrendar el compromiso de que una vez que el PP pierda la mayoría absoluta, se derogará la ley.

Entre los grupos más reticentes a la nueva ley figuran los nacionalistas vascos y catalanes, sobre todo por la intención del gobierno español de reducir las lenguas autóctonas en beneficio del castellano. Franco intentó matar nuestra lengua y no lo consiguió. Y usted tampoco lo logrará., advirtió Joan Tardá, de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). El diputado de Amaiur, Xabier Errekondo, inició su discurso con un no pasarán y se preguntó ¿quién es el gobierno de Madrid para imponer esta ley a nuestros hijos e hijas?

Entre los puntos más graves de la nueva ley están los recortes que abren la puerta al proyecto privatizador de la educación, como explicó la diputada de Izquierda Plural, Caridad García Álvarez. El gobierno ha mermado el presupuesto educativo en 5 mil millones de euros y ha adquirido compromisos ante la UE de seguir recortando hasta 2015. Así que ¿calidad para quién. Para quien pueda pagarla?

Otro asunto muy polémico es que hará obligatorio el estudio de la religión católica, que pasará a ser evaluable, además de contar para becas y otros beneficios educativos. Nuestra Constitución reconoce un Estado aconfesional. El que quiera religión que la tenga, pero fuera de las aulas, advirtió la diputada García Álvarez.