res semanas después de que se detuvieron los trabajos de restauración de la estatua ecuestre de Carlos IV –del escultor Manuel Tolsá, popularmente conocida como El Caballito, la cual resultó dañada en más de la mitad de la superficie–, el Gobierno del Distrito Federal inició un proceso legal ante la Procuraduría General de Justicia capitalina, contra la empresa Marina, Renovación de Monumentos, encargada de las tareas de mantenimiento de la citada obra. Dicho proceso se suma a las pesquisas emprendidas sobre el mismo asunto por la Contraloría General del Distrito Federal.
En días previos, el episodio generó un choque declarativo entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y representantes de la Autoridad y del Fideicomiso del Centro Histórico, responsables de la contratación de la referida compañía restauradora. El organismo federal calificó de irreversibles
los daños provocados a la escultura: eliminación irrecuperable de la pátina original que la recubría e incluso de una cantidad de la aleación de bronce, debido al uso de ácido nítrico en una concentración del doble que la especificada; los funcionarios capitalinos indicaron que las afectaciones pueden ser corregidas y que la estatua es susceptible de una reconstrucción cabal
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Con independencia de las consideraciones técnicas sobre las afectaciones, el hecho de que uno de los principales monumentos del primer cuadro de esta capital haya sufrido daños como los referidos refleja un manejo descuidado, poco serio e inadmisible del patrimonio histórico y cultural de la ciudad y del país.
Tales deficiencias son ya lo bastante delicadas para exigir a las autoridades competentes el esclarecimiento del caso y la aplicación de las sanciones procedentes. Sin embargo, a lo anterior deben agregarse las irregularidades administrativas y la opacidad detectadas en el proceso de contratación de las obras de mantenimiento de El Caballito.
En efecto, como señaló el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, dicho proceso –realizado bajo la figura de adjudicación directa– se efectuó sin que la empresa realizara los depósitos correspondientes por concepto de fianzas o garantías, y los trabajos de restauración comenzaron a mediados del mes pasado sin que hubiera un contrato de por medio. El INAH, por su parte, dio a conocer la semana pasada un dictamen en el que se señala que en los expedientes del proyecto no se encontró la cédula profesional del restaurador encargado ni un diagnóstico que justificara los trabajos de remodelación, además de que dichas tareas se realizaron sin tener consentimiento de ese instituto, lo que configuraría una presumible violación a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Tales elementos de juicio hacen suponer que, además del grave deterioro causado al acervo escultórico, en el episodio pudieron haberse cometido afectaciones al erario de la capital del país que no deben quedar impunes. Es imperativo que las pesquisas emprendidas por el gobierno capitalino deriven en el deslinde de responsabilidades y la aplicación de las sanciones correspondientes, y que se siente un precedente contra los malos manejos del patrimonio histórico y cultural y de los recursos económicos y materiales de la capital y el país.