La política migratoria del país requiere una nueva arquitectura institucional que haga énfasis en la seguridad humana y aborde de manera integral el fenómeno, en vez de seguir con la línea de asistencialismo hacia ese sector, consideraron organizaciones sociales, al tiempo que el Instituto Nacional de Migración (INM) anunció que sus agentes seguirán participando en la detención de indocumentados y traficantes de personas.

En este escenario, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue omisa en pedir información a las embajadas de México en Honduras, El Salvador y Guatemala sobre las peticiones de esos países referentes a la incineración de cuerpos de migrantes entre 2010 y 2013.

Las organizaciones integrantes del Colectivo PND-Migración señalaron que el programa federal en esta materia debe estar basado en la seguridad humana, no en la llamada seguridad nacional, que los criminaliza, así como en el desarrollo económico equitativo y la inclusión de los grupos vulnerables.

Durante la inauguración del segundo Encuentro trasnacional Coordenadas ciudadanas para una política migratoria de Estado –que se realizará del 7 al 9 de agosto–, los grupos del colectivo señalaron que las autoridades deben aplicar una estrategia transversal de migración, en vez de sólo continuar con políticas asistencialistas, tardías y fragmentarias sobre el tema.

Por su parte, Camilo Pérez Bustillo, académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, advirtió que el asesinato y desaparición forzada de indocumentados forma parte de una política de exterminio del Estado mexicano, en la que por acción, complicidad u omisión se permite que este sector siga siendo violentado.

Al anunciar las actividades de la preaudiencia Militarización de las fronteras, criminalización y desaparición forzada de migrantes en tránsito, que realizará el Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, del 19 al 23 de agosto, el especialista afirmó que los abusos contra indocumentados son resultado previsible de la política de terror de las autoridades nacionales.

Uno de los casos paradigmáticos que lo demuestran y que serán analizados en la preaudiencia, subrayó Pérez Bustillo, es el de la matanza de San Fernando, donde más de 70 migrantes fueron asesinados en abril de 2011, lo cual no hubiera podido ocurrir sin la complicidad de las autoridades.

Por su parte, el INM señaló que su personal ha tomado un papel más activo antes, durante y después de los operativos para dar con los traficantes de personas y asegurar a extranjeros en situación irregular, en colaboración con las procuradurías de justicia locales.

Aunque el organismo afirmó que se trata de una labor interinstitucional de verificación y control, en la que sus agentes no portan armas ni pueden detener a delincuentes, cuyo objetivo es rescatar extranjeros que son víctimas del crimen organizado, diversas agrupaciones civiles consideran que con estas acciones se criminaliza la migración.

En tanto, el Ifai ordenó a la cancillería que busque y dé a conocer información sobre las solicitudes de Honduras, El Salvador y Guatemala sobre la incineración de cuerpos de sus migrantes entre 2010 y 2013.

En un principio, la SRE declaró que dicha información es inexistente en sus archivos. Sin embargo, la comisionada Jacqueline Peschard indicó que de la normatividad en la materia se desprende que hay varios conductos mediante los cuales las autoridades hondureñas, salvadoreñas y guatemaltecas pudieran haber realizado una solicitud al gobierno mexicano para que les informara sobre el caso.

Por tal razón, el pleno del Ifai revocó la inexistencia declarada por la SRE, en virtud de su deficiente búsqueda, y le ordenó buscar los datos de nueva cuenta.