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Benítez Tiburcio afirma que no se negociará la ley

No inventaremos imputaciones ni compraremos testigos, dice la PGR
 
Periódico La Jornada
Jueves 8 de agosto de 2013, p. 8

Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), afirmó que esta administración está enfocada en desterrar la compra de testigos y la invención de imputaciones, durante un encuentro con sindicalistas.

La funcionaria aseguró que en la PGR que encabeza Jesús Murillo Karam, se tiene la convicción de no negociar la ley, y que se ponga a disposición de los jueces al presunto responsable de un delito cuando el Ministerio Público Federal cuente con elementos de prueba suficientes.

Sostuvo que en el diseño del nuevo Código Federal de Procedimientos Penales no solamente se toman en cuenta los derechos de los inculpados de un delito, sino también los derechos de las víctimas.

Indicó que en esta administración, el procurador Jesús Murillo Karam tiene la meta de fortalecer la institución para que todas las investigaciones se realicen con apego a derecho, y que no se abuse de la figura del arraigo, que no se inventen testimonios o se fabriquen testigos.

Por otra parte, resaltó que una coordinación eficaz entre niveles de gobierno no sólo facilitará la tarea de perseguir exitosamente los delitos sino que brindará en tiempos más reducidos, resultados palpables en la calidad de vida de los ciudadanos.

Añadió que las instituciones de procuración de justicia deben utilizar las fortalezas, las experiencias aprendidas y los recursos para integrar un frente común que permita prevenir y combatir el fenómeno delictivo y brindar mayor seguridad, tranquilidad y paz a los ciudadanos.

Apuntó que la problemática delictiva desconoce las fronteras territoriales e incluso, hace uso de las mismas con el afán de mantenerse en la impunidad generada en la ausencia o deficiencia de coordinación entre las autoridades de los distintos estados.

Mariana Benítez aseguró que la PGR está consciente de la importancia de fortalecer los canales institucionales de cooperación y coordinación, a fin de generar capacidades que incidan en la disminución de los delitos de alto impacto, siempre con respeto absoluto de los derechos humanos.