Ante presuntas violaciones a sus garantías fundamentales en un retén policiaco de Hidalgo, César Cruz Benítez, presidente de la Organización Ñañú para la Defensa de los Pueblos Indígenas, presentó quejas y denuncias ante autoridades y la comisión estatal de derechos humanos, pero éstas no fueron atendidas porque las formuló en su lengua materna, el ñañú. Ante ello, el activista solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conozca del caso y asegure sus derechos. Cruz Benítez señaló que su demanda se convirtió en el primer amparo presentado en ñañú, y aunque en principio buscaba reivindicar su derecho de petición a la identidad cultural como integrante de una comunidad indígena, durante el proceso se han presentado graves afectaciones a su derecho de acceso a la justicia en su idioma. Cruz Benítez se enfrentó a la ausencia de peritos y traductores en su lengua originaria y cuando un juez de distrito descubrió que también habla español, sobreseyó el juicio de amparo antes de celebrar la audiencia y determinó que no era necesaria la asignación de un defensor y traductor porque ese derecho sólo corresponde a indígenas monolingües.