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El vehículo no puede ser enajenado, arrendado o hipotecado

Le niegan amparo a dueño del avión donde viajaba Gordillo
 
Periódico La Jornada
Lunes 24 de junio de 2013, p. 14

Un juzgado federal negó una suspensión de amparo a la empresa Comercializadora GC, propietaria del avión Cessna Citation Encore 560, fabricado en 2005, con número de serie 560-0687 y matrícula XA-UEF, donde el pasado 26 de febrero fue detenida la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Toluca, estado de México, informaron fuentes judiciales.

El juzgado tercero de distrito, bajo el expediente 123/2013, negó la protección provisional vía incidente de suspensión a la firma propietaria de la aeronave, que por el momento no puede ser enajenada, hipotecada o arrendada, según consta en el acuerdo de aseguramiento emitido por la Procuraduría General de la República (PGR).

El 17 de abril pasado, casi dos meses después de la aprehensión de Gordillo, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada decretó el aseguramiento de la Cessna Citation Encore 560, con número de matrícula XA-UEF.

(El dueño) deberá de abstenerse de enajenarlo, gravar e hipotecar, y de no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de 90 días naturales, contados a partir de la presente notificación... causará abandono a favor del Gobierno Federal, dice el acuerdo de incautación.

Según consta en documentos judiciales, el avión es propiedad de Comercializadora GC, empresa cuyo representante legal es Jesús Antonio Rodríguez Millán, a su vez apoderado de la Inmobiliaria Galilei.

A nombre de esta última –de la que fue accionista Zoila Estela Morales Ochoa, madre de Gordillo, ya fallecida– están registrados algunos departamentos en Polanco. Según la PGR, Comercializadora GC era la encargada de comprar y rentar aeronaves para Gordillo, así como de conseguirle tripulación.

Fuentes judiciales consultadas indicaron que el embargo del avión fue publicado en el Diario Oficial de la Federación seis días después de su emisión, con el propósito de que su legítimo propietario lo reclame ante las autoridades ministeriales.

Si el avión no hubiera sido reclamado habría causado abandono en favor del Estado.