Chilpancingo, Gro., 5 de junio.

La Comisión Permanente del Congreso local acordó demandar que la Procuraduría General de la República atraiga las investigaciones sobre el secuestro y asesinato de los tres dirigentes de la Unidad Popular (UP) de Iguala a manos de un grupo armado.

El acuerdo incluye un exhorto al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Ángel Aguirre para que instruyan a las autoridades correspondientes a que indaguen y castiguen los homicidios de Félix Rafael Banderas Román, Ángel Román Ramírez y Arturo Hernández Cardona, cuyos restos fueron encontrados el lunes pasado en el municipio de Tepecuacuilco.

También exhortó a garantizar la seguridad de Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amate Luna, Gregorio Dante Cervantes, Nicolás Mendoza Villa y Jimmy Castrejón, así como de sus familias.

Estas cinco personas también son integrantes de la UP y junto con los tres asesinados fueron capturados por desconocidos el jueves 30 de mayo, luego de participar en una manifestación en una caseta de peaje del municipio de Iguala. Cuatro escaparon de sus raptores y se desconoce el paradero de Jimmy Castrejón.

La diputada local perredista Luisa Ayala Mondragón, quien propuso el punto de acuerdo, dijo: En pleno siglo XXI continúa una guerra de baja intensidad que criminaliza la lucha social, como ocurrió en Aguas Blancas y El Charco, y en meses recientes, con los movimientos estudiantiles y populares.

Amnistía Internacional (AI) lamentó el secuestro y asesinato de los tres integrantes de la UP y llamó a las autoridades a realizar una investigación pronta, efectiva e imparcial, a hacer públicos los resultados y asegurarse de que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

En un comunicado, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato de los tres activistas.

A su vez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan consideró que este crimen es un agravio a la sociedad mexicana y un atentado contra las personas y los movimientos sociales que asumen el compromiso de defender y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales en Guerrero. La inacción de las autoridades y su colusión con los grupos del crimen organizado deja en total indefensión a las organizaciones sociales que cuestionan la forma de ejercer el poder, y es un mensaje a los agresores de que pueden seguir atentando contra la vida de quienes se organizan para defender los derechos de la población.