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Exigen castigo a represores uruguayos
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Miles marcharon ayer en Uruguay con la consigna: En mi patria no hay justicia, ¿quiénes son los responsables?, en momentos en que la Suprema Corte de Justicia es criticada por declarar inconstitucional una ley de 2011 que consideró imprescriptibles los delitos de la dictadura (1973-1985). Con fotos de desaparecidos los manifestantes caminaron en silencio hasta la céntrica plaza LibertadFoto Afp
 
Periódico La Jornada
Martes 21 de mayo de 2013, p. 21

Montevideo, 20 de mayo.

Miles de personas marcharon este lunes en Uruguay bajo la consigna En mi patria no hay justicia, ¿quiénes son los responsables?, cuando la Suprema Corte es objeto de críticas por declarar inconstitucional una ley de 2011 que consideró imprescriptibles los delitos de la última dictadura (1973-1985).

Sin banderas o símbolos partidarios, sólo portando las fotos de los desaparecidos y asesinados durante la dictadura, los manifestantes caminaron en silencio hasta la céntrica plaza Libertad, donde cantaron el himno nacional.

Estamos a 40 años del golpe de Estado y tenemos muy pocos compañeros desaparecidos encontrados, tenemos muchísimas causas (judiciales pendientes), tenemos cerca de 400 militares y civiles denunciados a la justicia y tenemos muy pocos presos, señaló Martha Passeggi, ex prisionera política, en una conferencia de prensa previa a la marcha.

Acá hay una responsabilidad del Estado. Aunque cambie la condición política, el Estado sigue siendo responsable, falta muchísimo por hacer, sostuvo. Por su parte, Oscar Urtasún, integrante de la asociación Familiares Detenidos Desaparecidos, aseguró que un poquito de justicia no es justicia.

Hay logros, hay adelantos, pero no hay justicia, añadió.

Falta sacar la ley de impunidad. Están trancados como 80 juicios, nos están poniendo trabas continuamente desde la esfera política y jurídica. Cada vez que un juez o un fiscal quiere llevar en serio un caso lo tiran para un costado y lo mandan al interior. Eso es ponerle palos en la rueda a la justicia, aseguró.

En febrero de este año, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inconstitucional la ley de 2011 que había determinado que los delitos cometidos en la última dictadura eran imprescriptibles, por considerar que no respetaba el principio de irretroactibilidad.

La ley en cuestión había sido aprobada en octubre de 2011 por el oficialista Frente Amplio (izquierda) con la meta de derogar de hecho una norma de 1986 que frenó durante años los juicios a militares por violaciones de los derechos humanos, y cumplir con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordenó a Uruguay investigar y juzgar los delitos de la dictadura.

Para Urtasún, no es sólo la Suprema Corte de Justicia, hay responsabilidad de todos porque no han puesto el tema de derechos humanos en primer lugar en la agenda de los partidos políticos. Es el Estado uruguayo el que está en falta, resaltó.

Durante la dictadura uruguaya desaparecieron casi 200 opositores, en su mayoría en Argentina, por la colaboración entre ambos regímenes militares en el marco de la Operación Cóndor, el esquema de represión coordinada montado por las dictaduras del Cono Sur.

La marcha se realiza el 20 de mayo porque ese día de 1976 fueron asesinados en Buenos Aires el senador Zelmar Michelini -uno de los fundadores de la coalición de izquierda Frente Amplio, que transita su segundo gobierno consecutivo- y el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz, del Partido Nacional, junto con los miembros de la guerrilla tupamara Rosario Barredo y William Whitelaw.

Desde 1996 en este día se marcha en memoria de los desaparecidos y asesinados en la dictadura.

En esta oportunidad la multitudinaria manifestación se desarrolló, además de en Montevideo, en otros ocho departamentos de los 19 que componen el país.

Para Urtasún, la lucha continuará. Seguimos tratando de acumular fuerzas para forzar al Estado a hacer cosas que no está haciendo, indicó.

Desde la dictadura se han encontrado e identificado cuatro cadáveres de desaparecidos enterrados en predios militares.

En marzo de 2012 el Estado uruguayo asumió en un acto formal la responsabilidad por los crímenes cometidos durante la dictadura, en cumplimiento con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia por el llamado caso Gelman.

El caso Gelman investiga la desaparición de la nieta del poeta argentino Juan Gelman, que fue entregada ilegalmente a la familia de un policía uruguayo y recién conoció su origen en 2000. Su padre fue asesinado en Buenos Aires en 1976 y sus restos hallados e identificados en 1989, en tanto los restos de su madre Claudia no han sido encontrados.