Chilpancingo, Gro., 9 de mayo.

Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) desarmaron a 16 agentes municipales de Malinaltepec y San Luis Acatlán. En este último lugar mantienen retenes en entradas y salidas para impedir el ingreso de vehículos oficiales.

La CRAC celebró una asamblea en San Luis Acatlán, en la cual rechazó la propuesta del comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, para que una comisión se entreviste con él en la ciudad de México, y acordó continuar con sus acciones de protesta en contra del gobierno estatal.

La coordinadora exige que se les devuelvan armas y vehículos a seis de sus elementos detenidos en Acapulco el lunes pasado.

Además, demanda que una comisión del gobierno estatal la visite para entregarle a un secretario del juzgado, un comandante y cuatro policías ministeriales que se encuentran detenidos en la casa de justicia de San Luis Acatlán.

La mañana de este jueves, unos 50 policías de la CRAC de las casas de justicia de San Luis Acatlán; Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc; Espino Blanco, de Malinaltepec, y El Paraíso, de Ayutla de los Libres, detuvieron a seis agentes de San Luis Acatlán y a 10 de Malinaltepec.

El martes por la noche, la CRAC detuvo al secretario de acuerdos del juzgado de San Luis Acatlán, José Luis Bernabé Fernández, y el miércoles aprehendió al comandante de la policía ministerial estatal, José Juan Ortiz Piza, así como a cuatro elementos a su cargo.

Estas acciones fueron acordadas en una asamblea de la coordinadora, como respuesta a la detención que el lunes pasado hicieron soldados, marinos y policías federales de dos coordinadores, un comandante y tres policías comunitarios.

La CRAC también demanda la devolución de dos vehículos, ocho armas cortas, 10 largas y pertenencias personales de las autoridades comunitarias. Otra petición es que se instale una mesa de diálogo para entregar a los funcionarios detenidos y el armamento decomisado.

La asamblea de la coordinadora se inició este jueves en la casa de justicia de San Luis con unos 500 asistentes, quienes pidieron la presencia del secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez; de la procuradora estatal, Martha Elba Garzón Bernal, y del secretario de Desarrollo Rural, Humberto Zapata Añorve.

El coordinador de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que el gobierno del estado condicionó que la reunión se realizara en Acapulco, pero en la asamblea, por mayoría de votos, se acordó la propuesta de que los funcionarios hicieran acto de presencia aquí.

A continuación, comandantes regionales desarmaron a policías municipales de San Luis Acatlán y de Malinaltepec que se encontraban en un módulo ubicado en las colindancias de ambos municipios, y confiscaron 16 rifles AR-15.

En un boletín, la procuraduría estatal comunicó que el 7 de mayo, alrededor de las 21 horas, un grupo de la CRAC de San Luis Acatlán ingresó al juzgado mixto de primera instancia del distrito judicial de Altamirano, privando de la libertad a José Luis Bernabé Fernández, secretario de acuerdos de dicho juzgado. Un día después, policías comunitarios rodearon las instalaciones de la policía ministerial en San Luis Acatlán, privando ilegalmente de su libertad a cuatro elementos de esa corporación.

Esta tarde, las cuatro casas de justicia de la coordinadora enviaron un oficio al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Ángel Aguirre, en el cual aseguraron que nuestros pueblos se encuentran indignados por las acciones de hostigamiento, represión y la privación ilegal de libertad y la violación a nuestras garantías individuales y colectivas que hemos enfrentado en estos últimos días.

Agregaron que, a 18 años de nuestra coexistencia, nuestro sistema ha comprobado que sin el apoyo gubernamental hemos disminuido el alto índice delictivo en nuestras comunidades. Este proceso organizativo autonómico denominado CRAC ha demostrado su capacidad a través de un sistema normativo propio identificado como usos y costumbres.

En su misiva demandan, entre otros puntos, reconocimiento y respeto a la ley 701 sobre los derechos y cultura de los pueblos originarios del estado de Guerrero; derecho al uso de armamentos de alto calibre; libre tránsito de la policía comunitaria dentro del territorio estatal y nacional; devolución de dos vehículos patrulla, de ocho armas cortas y 10 armas largas decomisadas por los militares y la Marina el lunes 6 de mayo de 2013, además de las pertenencias personales.