os partidos políticos que firmaron el Pacto por México con el gobierno federal incluyeron dentro de sus compromisos elaborar una nueva ley de explotación minera para lo cual se debía revisar el actual esquema de concesiones y el pago de derechos federales vinculados a la producción, mismos que se aplicarían prioritariamente en beneficio de los municipios y las comunidades donde se ejecutaran los proyectos mineros, con la propuesta de contener la protesta social por los efectos nocivos a la minería y atender las recomendaciones de las instituciones internacionales.

Así, atender el actual esquema de concesiones mineras se entiende como revisar lo que se paga por ellas, no su naturaleza ni el tiempo de duración ni los lugares donde puede extenderse. En ese mismo sentido, hablar del pago de derechos federales no implica pagar impuestos ni ninguna otra contribución estatal.

El contenido del pacto no desagradó a los mineros, que de inmediato comenzaron a exponer la forma en que podrían hacerlo. La propuesta se concretó en la iniciativa de reforma a la Ley Minera y de Coordinación Fiscal, que la fracción del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados presentó el 12 de marzo para que los concesionarios aporten 5 por 5 ciento de sus ganancias al Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.

La iniciativa fue dictaminada positivamente por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía; el 24 de ese mismo mes la aprobó el pleno y ese mismo día fue remitida al Senado para que continuara el proceso legislativo.

Nadie aclaró si esta iniciativa de reforma era la anunciada en el pacto y unos interpretaron que no, porque correspondía presentarla al PRI; otros que sí, porque los mineros no confiaban en lo que presentarían y convencieron al partido en el gobierno que así lo hiciera. En este contexto, un grupo de comunidades y organizaciones que sufren los efectos de la minería y por lo mismo se oponen a ella, se autoconvocaron a una reunión para evaluar la posibilidad de insertarse en el proceso de discusión, poniendo en la mesa de debates los problemas económicos, sociales, ambientales y culturales que genera la industria para, eventualmente, buscarle solución con una nueva ley.

Producto de esos esfuerzos se formó una comisión que comenzó a trabajar una propuesta de ley, recogiendo las demandas más visibles de los afectados y el 21 y 22 de abril pasado se reunieron en Cuernavaca para analizar su contenido. Ahí, la mayoría coincidió en que lo que se necesita es cambiar el modelo de extracción del mineral; sin embargo, unas reformas en la legislación actual podrían mejorar las condiciones de resistencia.

La propuesta de ley se discutió y se le hicieron adecuaciones. Con ella y los principales acuerdos se realizó un foro en el Senado en el que se hicieron públicos éstos. Para sorpresa de los participantes, dos senadores del Partido de la Revolución Democrática se presentaron en el foro, promoviendo cada uno su reforma a la ley minera, ambas muy distintas a la impulsada por los movimientos, lo que se interpretó como una actitud oportunista para legitimar sus actos con la presencia de los movimientos.

El reproche que recibieron días después de sus correligionarios de partido no les importó.

El sainete no terminó ahí y el 26 de abril la senadora perredista que había venido apoyando el proceso de análisis, en acuerdo con algunos participantes en el foro, presentó la inconclusa iniciativa de los movimientos como suya, argumentando que en la discusión de las reformas que los diputados habían enviado al Senado deberían estar presentes las posturas de los movimientos.

Total, los partidos políticos se comprometieron a impulsar una nueva ley minera, revisando el actual esquema de concesiones y el pago de derechos federales, encomendando la tarea al PRD; los empresarios mineros no confían en la propuesta que harán y para no arriesgar convencen al Revolucionario Institucional para que proponga reformas a la actual ley y con eso se dé por cumplido el compromiso del pacto. Mientras tanto, los legisladores del sol azteca se entretienen buscando salir en la foto y legitimarse a costa de los movimientos antimineros.

Falta saber qué actitud asumirán los movimientos ante esta situación. Todo depende de cuál sea su prioridad: conseguir una reforma, cualquiera que sea, aun por debajo de lo que las comunidades consideran lo mínimo aceptable, o consolidar su propuesta y junto con ella sus movimientos. Seguramente en los próximos días tendremos noticias de ello.