Ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuentan con un registro fidedigno sobre las deudas contratadas por los gobiernos estatales, que en algunos casos tampoco manejan dicha información, sostuvo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En un mensaje dirigido al Congreso de la Unión, el organismo advirtió que los mexicanos no podemos aceptar que se dejen en el limbo los procesos legales donde se presume desvío de recursos e irregularidades en la contratación de deuda pública.

Agregó que debe buscarse toda la información de los estados donde los pasivos crecieron aceleradamente. Hacemos un llamado al Congreso de la Unión y a los congresos estatales a mostrar verdadera voluntad política para ser responsables del manejo sustentable de sus finanzas públicas en todos los niveles de gobierno. Es inaceptable que existan casos donde se desconoce el nivel real de los pasivos estatales ante la Secretaría Hacienda y ante otras autoridades locales y federales competentes como la CNBV, puntualizó.

Juan Pablo Castañón, presidente del sindicato patronal, advirtió que el incremento desmedido del endeudamiento público en los gobiernos estatales y municipales en algunos casos pone en riesgo la estabilidad financiera en las entidades donde más se ha abusado.

Recordó que si bien Hacienda considera que la deuda total de los estados y municipios aún no representa un riesgo sistémico inminente, al cierre de 2012 la deuda subnacional alcanzó 434 mil 761 millones de pesos a un plazo de 15 años, con una tasa de interés promedio anual de 6.1 por ciento.

Aclaró que a los empresarios les preocupa la tendencia, pues dicho monto casi se triplicó en los últimos seis años. Sólo el año pasado el monto superó el presupuesto anual de los principales programas para combatir la pobreza, que recibieron 307 mil millones de pesos.

Puntualizó que si bien México está lejos una crisis en finanzas públicas, no podemos darnos el lujo de ignorar que al cierre del año pasado el monto de las obligaciones financieras de las entidades federativas representó 86 por ciento de las participaciones correspondientes al presupuesto de egresos de 2012, con lo que alcanzó 2.9 por ciento del PIB de los estados.

En el caso de Coahuila, el saldo pasó de 486 millones de pesos en 2006 también, a 36 mil 500 millones de pesos al cierre del primer trimestre de 2012. Esa deuda representa casi el triple de las participaciones federales que recibe ese estado.