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Partidistas amagan con encarcelar a la JBG de Oventic si interviene por el tema de desplazados

Se agrava acoso contra bases de apoyo del EZLN en ejido San Marcos Avilés, Chiapas
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Indígenas tzotziles bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el municipio autonómo de Oventic, ubicado en la zona Altos del estado de ChiapasFoto archivo/ La Jornada
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Periódico La Jornada
Miércoles 6 de marzo de 2013, p. 33

San Cristóbal de las Casas, 5 de marzo.

Es cada día más grave la situación de amenaza, hostigamiento y tensión contra las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el ejido San Marcos Avilés (municipio de Chilón), por seguidores del PRI, del PRD y del Partido Verde Ecologista de México, cuyos cabecillas incluso han amagado con encarcelar a la junta de buen gobierno (JBG) de Oventic, en caso de intervenir.

Según información confiable, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) refiere que esta situación se agudizó desde el 23 de febrero, cuando los partidistas se reunieron con un diputado local de Chiapas no identificado en Ranchería Yoc’ja, Chilón. “Posterior a esta reunión se realizó una asamblea en San Marcos Avilés, donde los partidistas manifestaron: Habrá guerra contra las bases de apoyo porque ya no hay otra forma de resolver el problema.

El día 24 se generaron fuertes rumores de que en los próximos días los partidistas los desalojarían junto con otras comunidades, por lo que la comunidad de bases zapatistas estuvo en alerta.

El día 26, a las 20 horas, el comisariado ejidal Ernesto Pérez Núñez anunció por el aparato de sonido de la comunidad una reunión de asamblea para el día siguiente, a la que deberían acudir los 70 ejidatarios, así como los pobladores que no lo son. El comisario advirtió además: Nadie de un otro lugar tendrá el derecho de venir a arreglar los problemas del ejido, y si vienen los de la JBG los vamos a encarcelar.

Del 27 de febrero al día de hoy, las familias zapatistas están viviendo una situación de grave tensión, amenaza y hostigamiento directos de un desplazamiento forzado por los partidistas.

El Frayba considera la urgencia de atender la situación de hostigamiento debido a que está ocasionando graves violaciones a los derechos humanos, relacionados a la integridad y seguridad personal, residencia y libre tránsito, entre otros. Además de afectar a la convivencia y armonía en la comunidad y familia, repercute en una potencial crisis humanitaria con posibles consecuencia de difícil reparación en caso que se efectúe por segunda ocasión un desplazamiento forzado contra las bases zapatistas, como ya ocurrió en abril de 2010.

La nueva escalada contra las familias autónomas ya había sido denunciada en días pasados (La Jornada, 24/2/13). Las autoridades estatales han brillado por su inacción para conjurar la posible violencia contra los zapatistas de la comunidad tzeltal.

Amicus curiae por Patishtán

La Universidad de Minnesota en Estados Unidos, presentó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de amicus curiae (amigo de la corte) en el cual argumenta que en el caso de Alberto Patishtán se debió descartar la evidencia desde un inicio, ya que fue obtenida en forma ilícita y con esto se vulneraron sus derechos fundamentales, los cuales existían desde antes de la publicación de las nuevas tesis y jurisprudencia de la SCJN. El Estado mexicano estaba obligado a proteger y garantizar los derechos del preso.

La defensa de Patishtán validó el argumento desarrollado en el escrito (en un amicus curiae, expertos en un tema ajenos a un juicio expresan su opinión respecto a algún caso en particular, aportando elementos que puedan resultar trascendentes en la decisión del tribunal). Ello, porque sostiene elementos jurídicos por los cuales la SCJN debe asumir su competencia y abordar el asunto de fondo en la cuestión estricta de la violaciones a las garantías y protección judicial, derechos que fueron atropellados en todo momento en el procedimiento penal.

Mientras tanto, los Solidarios de la Voz del Amate, integrantes de la Sexta declaración de la selva Lacandona recluidos en el penal de San Cristóbal de las Casas, también se pronunciaron al respecto: Después de casi 13 años de encarcelamiento injusto a nuestro compañero Alberto, ha llegado el momento que se descubran las anomalías e irregularidades en su expediente. Este miércoles habrá audiencia para discutir la reasunción de la competencia de la SCJN en el asunto; confiamos en que los ministros cuando descubran todas las mentiras en el caso de nuestro hermano, dictarán su liberación inmediata.