México está muy próximo a los siete países de América Latina y el Caribe –de un total de 14 a escala mundial– que registran el mayor número de homicidios violentos de niñas, niños y adolescentes, afirmó Jorge Freyre, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana y del Caribe por la Defensa de los Derechos de los Niños y Adolescentes.

La violencia en México, dijo, es muy diversa, pero está vinculada con el crimen organizado y con la inequidad social. Aunado a ello, el país es también el más rezagado en la región en materia legislativa y elaboración de códigos que garanticen el respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, pese a que el Estado suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño, en 1989.

Freyre explicó que los países de América Latina y el Caribe han logrado integrar un proceso de armonización legislativa, mediante el cual han creado códigos para la niñez y la adolescencia, enmarcados en el respeto a sus derechos humanos. De esta forma pueden responder a lo acordado en la convención referida.

Pero México, en ese tema, es el más rezagado en la región: No ha logrado integrar todos los aspectos de la niñez y de la adolescencia desde el punto de vista legal, y al no tener una ley integral tampoco se establece la institucionalidad necesaria para poder garantizar los derechos de los infantes. A ello hay que sumar que el país tiene un alto nivel de inequidad.

Al término de la presentación del octavo informe La infancia cuenta en México, elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México, el promotor de la defensa de los derechos de la niñez en la región indicó que aun cuando el gasto social ha venido creciendo en el rubro de la niñez y adolescencia los recursos no son óptimos.

Cuando el gasto social se revisa y desagrega en inversiones o en gasto en los niños, es evidente que se hace necesario un esfuerzo más grande.

También comentó que mientras no se tenga una ley que defienda los derechos de los niños y adolescentes no se contará con la posibilidad de tener un órgano rector que pueda dar atención a los menores en diferentes niveles, tanto institucionales como en los gobiernos federal y locales, de tal suerte que la promoción de sus derechos queda reducida a una atención limitada.

A pregunta expresa, indicó que es necesario contar con un órgano rector que no sea una institución: Las experiencias en América Latina muestran que los consejos nacionales son lo mejor, pues integran a representantes y actores de los tres niveles de gobierno, de la sociedad civil organizada, especialistas y otros con la responsabilidad de generar políticas públicas y planes gubernamentales que respondan a las necesi- dades de la población infantil.