Ciudad Juárez, 1º de febrero. La cabalgata por la justicia, con más de 200 participantes y un caballo sin jinete, recordando al extinto dirigente barzonista Ismael Osorio, partió del ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, rumbo a la capital del estado, para exigir justicia por las desapariciones forzadas en el estado, solución a los problemas agrarios y tarifas preferenciales de energía eléctrica a los campesinos, entre otras demandas.

Uno de los líderes de El Barzón, Martín Solís, informó que desde este viernes miembros de la organización y grupos civiles partieron de los municipios de Cuauhtémoc y Delicias rumbo a la ciudad de Chihuahua, donde sostendrán una asamblea ciudadana el próximo martes con motivo del 96 Aniversario de la Promulgación de la Constitución, mismo que fue denominado Jornada por la Justicia.

El domingo, de Delicias partirá la tractorada –campesinos a bordo de sus tractores–, quienes demandan la reactivación efectiva del agro en la entidad. Mientras vendedores ambulantes de la capital del estado ayunarán por el trabajo digno el próximo lunes.

En la ciudad de Chihuahua, Gabino Gómez, líder de El Barzón, acusó que el gobierno del estado se niega a reconocer la existencia de desapariciones forzadas, a pesar de que hay por lo menos 13 casos documentados.

Una de las demandas es la presentación con vida de José Ángel Alvarado de 30 años, sus sobrinas Rocío Irene, de 28, y Nitza Paola, de 31, secuestradas por un convoy militar en el municipio de San Buenaventura, cerca de Ciudad Juárez en diciembre de 2009.

En Monterrey, familiares de desaparecidos de Nuevo León, marcharon hacia la Procuraduría de Justicia del Estado para exigir avances en las investigaciones sobre 33 expedientes de desapariciones que involucran a más de cien personas, porque en algunos casos se llevaron hasta 10 personas.

Al término de una reunión, entre funcionarios de la procuraduría y familiares de las víctimas, el subprocurador de Justicia Javier Flores, dijo que de noviembre de 2012 a la fecha se han consignado a 40 presuntos responsables, de los cuales unos 13 ó 14 eran ex policías de Monterrey, Guadalupe, y San Nicolás de los Garza.