on la llegada de los gobiernos neoliberales, la seguridad y la soberanía alimentarias de México se fueron al caño, y junto a ellas la posibilidad de que el país fuera autosuficiente con un campo productivo y generador de ingreso para quienes lo trabajaran. Así, a partir de mediados de los ochenta la decisión fue dejar de lado todo lo que no cupiera en el esquema tecnocrático, sin importar a quiénes se llevaran entre las patas. Cinco lustros después, el resultado concreto en este renglón es la creciente dependencia de los mercados foráneos y la ascendente salida de divisas para adquirir lo, mal que bien, se producía internamente.

Hasta ahora –ya con el nuevo gobierno instalado en Los Pinos– no hay visos de cambio en la llamada política agropecuaria del país y mucho menos en hacer efectivas a esas dos señoras que ya ni siquiera en el discurso son mencionadas: la seguridad y la soberanía alimentarias. En las últimas dos décadas de las arcas nacionales han salido más de 200 mil millones de dólares para comprar comida, mientras en las esferas oficiales se presume como logro que México sea exportador de acelgas y espinacas, mientras importa masivamente carne, leche, cereales y demás alimentos básicos.

¿Cómo empezó todo esto que ha provocado que nuestro país dependa crecientemente –hoy más que ayer, pero menos que mañana– de los alimentos que terceras naciones producen? La Cepal ofrece una ayuda de memoria sobre el tema que se comenta (Programa de seguridad alimentaria: experiencias en México y otros países; José Alberto Cuéllar), y entre otros elementos aporta los siguientes, siempre en el contexto de que el tecnogobierno mexicano decidió privilegiar las ganancias empresariales, dejando a un lado el estómago de los mexicanos.

En su primera etapa, apunta el organismo, a partir de 1930 y hasta principios de los ochenta, en México se enfatizaron el fomento de la producción agropecuaria, la consecución de la soberanía alimentaria y la comercialización masiva de productos hacia los sectores económicamente más desprotegidos. Empero, la crisis económica de los ochenta y su consecuente efecto sobre las finanzas públicas obligó al Estado a abandonar gran parte de sus programas alimentarios. En cierto modo, entre 1985 y 1990 se produjo un vacío dentro del conjunto de las políticas de seguridad alimentaria en el país, cuando, si bien se mantuvo en operación el programa de distribución de la Conasupo, su servicio y alcance se degradó continuamente por problemas presupuestales y la falta de transparencia en su operación.

En los primeros años de la década de los noventa se modificó la política de fomento a la producción de alimentos en el país. Es en ese periodo desaparecen los precios de garantía, que servían de base a todo un sistema de producción, distribución y comercialización de alimentos. También es cuando desapareció y se privatizó una serie de empresas paraestatales encargadas de proporcionar insumos subsidiados a los productores rurales. Entre las más destacadas están los casos de Fertimex (producción de fertilizantes), Pronase (producción de semillas), Conasupo (manejo de inventarios, compra a precios de garantía, red de distribución nacional), ANDSA (servicio de almacenes de depósito) y Banrural (créditos agropecuarios a tasas preferenciales, asesoría técnica). Todas estas acciones marcan el final de los esfuerzos públicos a gran escala para cumplir la dimensión de disponibilidad de la seguridad alimentaria.

En preparación a la entrada en vigor del TLCAN, en 1993 se creó Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), encargada de dirigir el proceso de tránsito de una economía agropecuaria altamente intervenida a otra de libre comercio. El principal instrumento fue el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), al que se le agregó, en 1995, la Alianza para el Campo. Estos programas constituyeron el principal referente de la política agropecuaria de México en gran parte del periodo 1995-2010. Sugestivamente, subraya la Cepal, ninguno de los dos tiene como propósito principal el de la seguridad alimentaria, y tampoco están diseñados bajo una concepción tal que permita alcanzarla.

Así, la política agropecuaria como instrumento para lograr el abasto nacional de alimentos pasó a ocupar un lejano segundo plano. Esto no resulta extraño, pues la ola de liberalización comercial que envolvió a México y al mundo desde la segunda mitad de los ochenta no consideraba una prioridad satisfacer la demanda nacional de alimentos sólo con la producción interna. Los mercados internacionales ofrecían la posibilidad de conseguir una mayor variedad y calidad de alimentos a precios accesibles (hoy a precio de oro), además de aprovechar las ventajas comparativas del país.

Al mismo tiempo, debido a la entrada de México a la OCDE y su adhesión al Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, el país adquirió una serie de compromisos y disciplinas en materia de gastos y subvenciones a la producción agropecuaria, las cuales no sólo son cuantitativas, sino que también buscan dirigir el gasto hacia las actividades consideradas menos distorsionantes de la producción y el comercio. En cierta medida, esto limitó aún más la capacidad de la política agropecuaria para influir de manera decisiva en la cuestión de la seguridad alimentaria. En el plano de la política agropecuaria, Procampo, Alianza para el Campo y el Programa de Ingreso Objetivo han dominado la escena en casi toda la década. Por su naturaleza, estos programas no están orientados a mejorar la condición alimentaria de los participantes. Los programas ligados a la seguridad alimentaria son pocos y de recursos limitados.

La transición en la política alimentaria mexicana, puntualiza la Cepal, se da como consecuencia de las fuertes reformas económicas implementadas para salir de la crisis de los años ochenta. A partir de entonces, la política agropecuaria nacional ha dejado a un lado las consideraciones de seguridad alimentaria para enfocarse cada vez más en el fomento productivo y la dotación de bienes públicos. Y allí están los 200 mil millones de dólares para importar alimentos y los 28 millones de mexicanos que no tienen suficiente ingreso para comer. Pero algunos todavía se sorprenden.

Las rebanadas del pastel

Híjole: dan grima los integrantes del consejo rector del Pacto por México. ¿Es en serio que el país saldrá adelante con personajes como José Murat, Santiago Creel, ¡Juan Molinar Horcasitas!, Marco Antonio Adame, Jesús Zambrano, Jesús Ortega, Guadalupe Acosta Naranjo y César Camacho. ¿Van a ser eficientes, transparentes, productivos, y, sobre todo, honestos? ¿Te cae?

cfvmexico_sa@hotmail.com