La aparición de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Ordenamiento Territorial y Urbano, en sustitución de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), es la culminación del proceso privatizador de ejidos y comunidades, así como del proyecto que desarrolladores impulsan desde hace 12 años, denunció Fede-rico Ovalle Vaquera, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac).

En los hechos, sostuvo, “se termina con las funciones sustanciales de la SRA: respaldar la organización e impulsar el desarrollo de ejidatarios y comuneros. No es un cambio de denominación y de algunas funciones, sino de la desaparición de una institución que tuvo a su cargo el reparto de la tierra, del desarrollo integral y, por tanto, de justicia social para los más desprotegidos.

“Desde hace tiempo se tenía esta idea, la cual se fue desarrollando en los hechos. Por el momento desconocemos cuál será la estructura de esta nueva institución y si mantendrá los programas de ayuda a la mujer rural, jóvenes emprendedores y de apoyo a proyectos productivos en núcleos agrarios; de su nuevo nombre se deriva que una de sus acciones prioritarias será ordenar la propiedad social –fincar, urbanizar, hacer negocios– sobre todo en las partes limítrofes con las zonas urbanas, ayudar en el nuevo proceso de regularización. Esa será la nueva función de la otrora Reforma Agraria”, planteó.

Recordó que en 1992, en un seminario internacional de tierras realizado en Pachuca, Hidalgo, especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo, destacaron que el fomento al arrendamiento de tierras y la libre compra-venta facilitarían en Latinoamérica el éxito de los proyectos de administración de tierras.

Durante dicho encuentro, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (CLOC) advirtió que el Banco Mundial había iniciado un giro en sus políticas para priorizar los programas de combate a la pobreza y dentro de ellos impulsaba el tema de la reforma distributiva de las tierras, desde entonces propaga en diversas regiones del mundo, con gran ímpetu, su modelo de reforma agraria asistida por el mercado.

Fuera candados

Para el ex diputado federal, desde la reforma al artículo 27 constitucional en 1992, la SRA perdió sus actividades sustantivas y estaba orientada a presentar la tierra como mercancía. “Entró en la fase de privatización porque muchas de las restricciones existentes en la ley se quitaron, por ejemplo, en el ejido se eliminó el candado de la autorización de la asamblea”.

En la instalación de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Diputados, Carlos Ramírez Marín, titular de la ex SRA, aseguró que no existe la intención de disminuir la propiedad social ni los derechos legítimos de los ejidatarios sobre sus tierras y que continuará regularizando los núcleos agrarios e impulsando la organización de los campesinos. Asentó que su reto es eliminar las tensiones entre la tenencia de la tierra y el progreso, entre quienes son legítimos propietarios y quienes tienen las posibilidades de hacer que ésta se convierta en algo productivo tanto en materia agrícola, como forestal y urbana.